La Inspección General del Trabajo de la Seguridad Social está llevando a cabo su clásico operativo de fiscalización de la temporada, con prioridad en cuatro departamentos: Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia. El inspector general, Gerardo Rey, contó que eligieron estos lugares en virtud de la planificación y teniendo en cuenta la experiencia de otras temporadas, así como el cruzamiento de datos con el Banco de Previsión Social (BPS).
Rey adelantó que por el momento se procesaron 180 actas, en las que se puso especial atención en las condiciones de trabajo de inmigrantes, debido a su “alta exposición a la vulneración de sus derechos”. Si bien adelantó que los resultados responden a un análisis primario –“no representativo de nada”– respecto de los incumplimientos, “se empiezan a encontrar algunos problemas previstos”.
De la primera lectura surge que sólo en 28 de las 180 no se hicieron observaciones. Hay “otras” que no tenían la documentación probatoria en el momento de la inspección, y falta que la empresa la presente. Por último, afirmó que 30,5% de las inspecciones detectaron casos de extranjeros –en su mayoría, argentinos– trabajando y de los 52 casos encontrados, 20 no tenían registro en la seguridad social.
El porcentaje de irregularidad es de 38%, más del doble de lo que se considera “habitual”, que es 15%. Según Rey, esto “estaba dentro de lo previsto”, porque “fuimos a donde sabíamos –o esperábamos– que hubiera informalidad”.
Rey sostuvo que “es muy claro” cuando un empleador no registra intencionalmente a sus trabajadores en la seguridad social, porque no existen excusas sobre este aspecto. “El BPS es muy flexible, admite ingresos aun cuando tienen cédula de identidad de manera transitoria o hasta con el pasaporte. Es un trámite muy sencillo, y por eso las sanciones son enormes”, explicó. Las multas por este motivo pueden ir desde 100 jornales hasta una máxima de 150 por cada trabajador en situación irregular.