Ayer se reunió el Secretariado Ejecutivo de Frente Amplio (FA) con miras al acto del domingo en Piriápolis, en el que la fuerza política celebrará sus 47 años. Alejandro Pacha Sánchez, diputado del Movimiento de Participación Popular, señaló a la diaria que en la reunión conversaron sobre el encare que tendrá el acto (en el que hablarán Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República; Javier Miranda, presidente del FA; y Susana Hernández, presidenta del FA de Maldonado), y subrayó que “tiene que quedar claro” que el evento es por el aniversario del FA, y no una reacción o respuesta a las diversas manifestaciones de productores agropecuarios. Sánchez agregó que las respuestas a la situación por la que están atravesando “algunos sectores productivos” las dio el gobierno, y, desde su punto de vista, son “satisfactorias”, ya que “aportan soluciones a los problemas concretos”.
Además, el diputado señaló que está bien que un sector de la sociedad se movilice y reclame lo que entiende que son derechos legítimos; no obstante, “el gobierno tiene que gobernar para el conjunto de la sociedad, no para inclinaciones corporativas de algún sector en particular”. “Por supuesto que Uruguay ha tenido una política de desarrollo agropecuario desde los gobiernos del FA, que permitieron que el país se incorporara en el mundo de una manera mucho mejor. Y está demostrado que el avance en competitividad se da por la incorporación de conocimiento e innovación; es decir, si no hubieran existido los 80 millones de dólares de inversión pública para establecer la trazabilidad cárnica en Uruguay, hoy no estaríamos en China. Para avanzar, el país necesita un Estado eficiente, innovador y que acompañe el cambio tecnológico junto con los demás actores productivos”, señaló Sánchez. A su vez, el diputado subrayó que hay “algunos actores políticos” que no tienen como objetivo “la defensa de ninguno de los problemas concretos del medio agropecuario, sino una confrontación con el FA”. Agregó que “no puede ser” que haya quienes señalan como “tarifazo” el incremento de 3,2% de la tarifa de UTE que empezó a correr en enero, y que al mismo tiempo digan que la extensión de la rebaja de 15% en la tarifa eléctrica para el sector lácteo y arrocero es “insignificante”. “A mí no me cierran las cuentas. No sé en dónde estudiaron matemática algunos de estos actores”, reflexionó Sánchez.
Por último, el diputado dijo que uno de los ejes centrales del acto del domingo será “la reivindicación de la política”, que en los gobiernos del FA implicó “el avance en equidad, justicia y derechos”. “Está claro que eso no se puede lograr sin política. Frente a un escenario donde se generan discursos de antipolítica, nosotros vamos a responder que lo que necesita Uruguay es más diálogo y más política. La sociedad uruguaya tiene que seguir estando integrada. Para eso tiene que haber crecimiento económico, distribución e inclusión de todos. Acá no se pueden construir grietas. No hay una contradicción entre el campo y la ciudad”, finalizó Sánchez.
Palo oficial
A todo esto, el lunes el FA publicó una nota en su página web en la que se señala que frases como “bajar el costo del Estado” o “la gestión no tiene contenido ideológico” dan “sustento a un discurso que puede calar e incidir si aceptamos que el debate político y la política en general se degraden al punto de ya no tener que debatir con argumentos, sino con eslóganes publicitarios o frases aisladas en campañas de redes”. La nota agrega que otra frase, “el déficit fiscal no es ni de izquierda ni de derecha”, es “absolutamente correcta desde la matemática y completamente desligada de la realidad desde la política”. Por lo tanto, se subraya que las decisiones de la gestión son las que “les otorgan sesgo, intención, sentido y contenido a los déficits fiscales, a las opciones de inversión y a las determinaciones de gastos del Estado”, que en el caso de “un gobierno de izquierda” buscan “mejorar la inclusión, disminuir las inequidades, resolver debilidades sociales, democratizar acceso a servicios públicos y garantizar el goce de equipamientos de calidad a todos los uruguayos”.
Desde el FA se indica que la oposición, “lejos de destacar los hechos concretos y las medidas que constituyen elementales pasos necesarios para empezar a superar las carencias, reduce la discusión a la cantidad indiscriminada de funcionarios”. En una nota publicada en el sitio institucional se agrega que la proclama de los productores rurales “autoconvocados” se centró en “bajar el peso del Estado”; por lo tanto, se preguntan si lo que se busca es “bajar la cantidad de cargos en educación y seguridad”, y subrayan que “hay quienes siguen insistiendo en el aumento de los funcionarios públicos sin decir que son vínculos laborales fundamentalmente en áreas priorizadas, y que estos disminuyen en la Administración Central”.
Se señala que en 2005 había 171.000 funcionarios públicos y en 2015 casi 223.000, es decir, 51.000 más, de los cuales 40.000 son del sector educación (“cubrir cargos en escuelas de tiempo completo y auxiliares de limpieza en escuelas y liceos”) y 11.000 de seguridad, de los cuales 6.000 son nuevos policías. Por lo tanto, “90% del aumento de funcionarios fue destinado a áreas prioritarias”. Además, en la web del FA se agrega que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado el aumento fue de casi 7.600 funcionarios, y que la suma del incremento de funcionarios en educación, seguridad y salud da más de 51.000 porque “en el resto del Estado se disminuyó la cantidad de funcionarios”.