Debate programático | A un año de las elecciones nacionales, este mes Dínamo propone centrar el debate en aspectos programáticos. En las próximas semanas incluiremos columnas sobre educación, producción y seguridad, entre otros temas, pensando en los desafíos y las discusiones pendientes que tiene el país.
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La seguridad ciudadana es motivo de nuevos empujes y viejos planteos punitivos como recurso de campaña electoral. La apelación a intensificar el miedo social y las propuestas simples de corte punitivo son un recurso electoral que no tiene correlato de planteo serio. En varios espacios frenteamplistas se están produciendo ideas e insumos para un nuevo gobierno. Han existido avances importantes en estos años, pero resulta imprescindible renovar propuestas, debatir y seguir avanzando sobre un problema complejo, difícil: las violencias y el crecimiento de algunos delitos requieren nuevas miradas.
La violencia como problema
De acuerdo con los datos del último reporte del Observatorio sobre la Violencia y la Criminalidad, hay un aumento creciente de hurtos, rapiñas y homicidios, en especial de estos dos últimos. En efecto, en el primer semestre de 2018 respecto del mismo período de 2014, la tasa de denuncias de rapiñas pasó de 10.345 a 14.459, los hurtos pasaron de 53.830 a 72.036 y los homicidios de 143 a 218.
La expresión de la violencia letal es múltiple y se observan desarrollos tanto en el ámbito privado, mediante la violencia intrafamiliar y de género, como en los espacios de proximidad interpersonal. En este sentido, este tipo de homicidios representan 25% del total de homicidios del primer semestre de 2018. Respecto del espacio público, no solamente se registra el homicidio por medio de la rapiña (que representa 9% del total de homicidios), sino también bajo la modalidad del conflicto entre grupos insertos en el crimen organizado; tanto es así que entre 2012 y 2018 las muertes producto de este tipo de enfrentamientos pasaron de ser 29% a 40% del total de homicidios.
Asimismo, es evidente el impacto de la tenencia civil de armas de fuego, así como el tráfico ilícito y la falta de efectiva fiscalización: 72% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego en el primer semestre de 2018 respecto del 65% registrado en el mismo período de 2017.
Ahora bien, aunque es cierto que el escenario del primer semestre de 2018 es particularmente duro en términos de incremento de la violencia letal, es parte de una tendencia en aumento que nos acompaña desde hace muchos años, más allá de que haya habido breves períodos de declive: la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que en 1996 era de 6,3 y que en 2014 fue de 7,6, se ubicó en 2017 en 8,1.
Cuatro propuestas para sumar
Aportamos cuatro propuestas que tienen como eje sistemático la transversalización de la prevención sobre la violencia, el delito y la inseguridad.
1) Institucionalizar el ámbito para la participación y articulación entre los distintos niveles de gobierno, instituciones públicas involucradas y sociedad civil organizada, para el diseño de políticas públicas integrales de prevención que reduzcan los niveles de violencia.
La comprensión más compleja del delito y la violencia como problema requiere como correlato institucional el desarrollo de respuestas públicas coparticipativas de mayor amplitud y transversalidad; la premisa fundamental de acción tendrá como objetivo la identificación de aquellas políticas públicas que mejor articulen con este propósito, evitando que la agenda pública de seguridad termine orientando otras áreas políticas (políticas sociales, por ejemplo), pero que también estimule el desarrollo de agendas comunes y evite la superposición de recursos públicos.
2) Desarme y tenencia responsable de armas de fuego.
Uruguay se ubica en el quinto lugar en un ranking de tenencia de armas de fuego por la población civil según el informe de la organización Small Arms Survey sobre violencia armada. En Uruguay hay 35 armas cada 100 habitantes. Los datos confirman una tendencia de largo aliento respecto del ejercicio de la violencia letal y su implicancia con armas de fuego. Este vínculo no sólo se ve reflejado en los homicidios. Los suicidios dan cuenta de una relación entre violencia y armas de fuego mucho más compleja, sobre todo si se considera el incremento en poblaciones jóvenes.
3) Justicia restaurativa.
Es evidente que no todos los delitos pueden ser atendidos por este instituto, pero bajo la perspectiva de la intervención penal como último ratio, la justicia restaurativa puede ofrecer una alternativa para delitos leves y para el debut delictivo. Evita la temprana institucionalización y colabora con la no reincidencia, al ofrecer un mayor protagonismo de la víctima. Los efectos que en parte tiene la “institucionalización temprana” sobre la reincidencia pueden verse en estos datos: en 1989 era de 38% y en 2016 de 60,5%.
La consolidación del sistema de centros de mediación de la Intendencia de Montevideo será́, sin lugar a dudas, un avance en el desarrollo de una respuesta efectiva y eficiente en la resolución pacífica de controversias. En este sentido, las partes involucradas encontrarán un espacio neutral para la atención temprana de conflictos, evitando que estos se desarrollen al punto de la intervención policial o judicial.
A partir de la experiencia de los centros de mediación del Poder Judicial, ubicados en varias capitales departamentales y en las áreas más alejadas del centro urbano de Montevideo, sería posible reconvertirlos en centros de justicia restaurativa, que puedan servir de espacios de articulación interinstitucional entre la Fiscalía General de la Nación, las defensorías y la Policía, a los efectos de una derivación que garantice una intervención temprana y eficaz en los casos formalizados.
4) Gestión local de la prevención del delito y la violencia.
La manifestación urbana del delito y la violencia reviste complejidades que requieren intervenciones específicas de acuerdo con cada territorio. Considerando los datos actuales del Ministerio del Interior, se observa que en el departamento de Montevideo las seccionales policiales con mayor tasa de homicidios inciden especialmente en aquellos municipios con mayor presencia de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. En este sentido, se debe construir una política de articulación preventiva que atienda la diversidad de conflictos en estos territorios, si consideramos que allí se concentra 54% de los homicidios del departamento, al menos en el primer semestre de 2018.
A partir de la experiencia del programa Mesas Locales de Convivencia y Seguridad, se deben desarrollar espacios locales de participación interinstitucional con órganos de coordinación ejecutiva que atiendan la prevención social, situacional y comunitaria –que implica participación local para la identificación de espacios públicos de intervención, grupos y factores de riesgo– y la prevención situacional, que apunta al diseño ambiental de espacios públicos de convivencia que reduzcan oportunidades de delito, así como la promoción de programas de convivencia ciudadana orientados a la comprensión pedagógica de la inseguridad y la violencia.
Víctor Abal es licenciado en Ciencias Políticas e integrante de la Unidad Temática del Frente Amplio “Integralidad de derechos”.