Hijas de ministros del TCA que trabajan en el organismo estaban convencidas de que sus cargos eran regalos de Papá Noel

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En febrero de este año tomaron estado público varios casos de jerarcas del Estado que contrataron familiares, como la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, el intendente de Artigas, Pablo Caram, y tres integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA): el presidente, Eduardo Vázquez, y los ministros José Echeveste y Alfredo Gómez. Estos tres últimos designaron como asesoras a sus hijas. Echeveste defendió en aquel momento las contrataciones asegurando que “el TCA es muy importante para la vida republicana, porque tiene que controlar que las decisiones de los jerarcas públicos no se aparten del camino de la legalidad. Si no, las instituciones públicas se transforman en feudos donde cada uno hace lo que quiere según sus intereses personales. Y para que el TCA funcione bien necesitamos a nuestras hijas”. La Junta de Transparencia y Ética Pública recomendó en ese entonces que no se contrataran familiares, pero, según informó ayer el matutino El Observador, el TCA ratificó las contrataciones. Los ministros involucrados fustigaron duramente a la prensa por la difusión de la noticia. “Nuestras hijas estaban convencidas de que esos cargos eran un regalo de Papá Noel. Luego de las denuncias de febrero nos costó mucho convencerlas de que no habíamos sido nosotros, pero esta vez no nos creyeron. La maledicencia de los medios de comunicación ha logrado hacer añicos la ilusión de tres criaturas inocentes y sin maldad”, se quejó Vázquez.