Las denuncias que hizo la organización sindical de trabajadores del frigorífico Frigocerro de Durazno fueron constatadas por diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Después de la recorrida por las instalaciones, los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Martín Tierno confirmaron, en una nota enviada al prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, que existen “severos” problemas de seguridad laboral, medioambiente y represión sindical.
Los legisladores informaron de violaciones básicas a los derechos laborales, como la existencia de trabajadores no registrados en la seguridad social, y notaron que “en el año 2015 un trabajador jubilado, que se desempeñaba en negro en la planta, tuvo un accidente laboral que le costó casi la pérdida de un brazo”, porque llevaba a cabo sus tareas “sin implementos de seguridad”. Además, los diputados aseguraron que esa situación “permanece incambiada” en “varias áreas de la planta”, lo que compromete “seriamente” la salud y la seguridad laboral de los trabajadores. También denunciaron que los trabajadores cumplen tareas “sin guantes, o con un solo par proporcionado por la empresa, por lo que muchos gastan su propio salario para adquirirlos”.
Además, los diputados denunciaron que “los vertidos de la planta son realizados directamente a una laguna que se encuentra a escasos metros del río Yi, en una zona inundable”, y que, con las frecuentes crecidas del río, “los vertidos tóxicos sin tratamiento derivan directamente en el Yi”.
También constataron que “muchos animales llegan a faena ya muertos, o en pésimas condiciones sanitarias”, y que “muchos” de ellos son “amontonados al aire libre, también muy cerca del cauce del río Yi”. Sostuvieron que esto perjudica no sólo la salud de los trabajadores, sino de “toda la población de Durazno”. Además, aseguraron que “muchos” de los animales faenados para exportación “no cumplen con todas las exigencias”, lo que “puede poner en riesgo el conjunto de la exportación cárnica del Uruguay”.
La nota también sostiene que los trabajadores del frigorífico denunciaron estos problemas en reiteradas ocasiones, en un lapso de “varios años”, y que obtuvieron como respuesta el despido de los dirigentes sindicales que lo hicieron, “en clara señal de represión sindical”. Ante esto, los diputados sostienen que “la empresa alega dificultades económicas, pero en su lugar contrata a más trabajadores en negro” y, en algunos casos, “se limita a reducir los días que los convoca a trabajar”. Además, recuerdan que también se suman diversas denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “e incluso ante la Justicia”, por “incumplimientos de convenios colectivos, pagos de antigüedad, sanciones arbitrarias”, entre otras causas.
Ante la “gran preocupación” que provoca esta situación, los legisladores solicitan en la carta a Roballo la conformación, de manera “urgente”, de un “espacio para analizar la situación y tomar las medidas que sean necesarias”, con la presencia de representantes de Presidencia de la República, el MTSS, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y legisladores.