Tal como lo hizo para la movilización del 23 de enero, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este volvió a adherir a las concentraciones organizadas por el movimiento de productores autoconvocados; en esta oportunidad, a la vigilia que se desarrolla desde la tarde de ayer.
Mediante un comunicado, la directiva de la cámara señaló que apoyar “la lucha del agro es de alguna manera apoyar la misma lucha del sector inmobiliario, considerando que las reivindicaciones pedidas al gobierno no distan mucho de los reclamos de nuestro sector: los inmobiliarios solicitamos ser competitivos, tener un marco regulatorio, no ser agentes de retención del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que conllevará a generar más trabajo y un sector pujante. Es importante resaltar que nuestros negocios dejaron de ser rentables debido a la carga impositiva y la alta competencia desleal con la que convivimos”. Sobre este último punto, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, dijo a la diaria que a los turistas “no les es conveniente alquilar mediante inmobiliarias porque haciéndolo por fuera se evitan pagar IRPF, impuesto a las comisiones e IVA. Estamos en una competencia desleal con quienes ofertan propiedades en alquiler”. “Nos hace falta un marco regulatorio que nos permita trabajar normalmente. Tenemos una ley en el Parlamento que hace como 40 años está por aprobarse pero no se aprueba”. Además, dijo, “la presión fiscal que existe sobre el sector es muy grande, y por eso es muy difícil ser competitivos con quienes no pagan impuestos”. En ese sentido, enfatizó, las de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y las del agro “son reivindicaciones parecidas”. “Tenemos el problema de la competitividad”, señaló. “Además, el turismo también depende del agro en cuanto a los servicios, ya desde el tomate y la lechuga, nomás, y el agro depende en parte de venderle productos al turismo. Vamos todos de la mano en esto”.
El de la competencia desleal fue, precisamente, uno de los puntos abordados en un texto compartido en redes sociales y que circulaba entre las inmobiliarias puntaesteñas, según afirmaban quienes lo difundieron antes de la movilización de los autoconvocados en Durazno. El texto criticaba a la directiva de la Cámara de Inmobiliarias de Punta del Este por “exhortar a adherirse al paro que se está organizando en todo el país en apoyo al conflicto que vive el sector rural”. “Nos llamó mucho la atención que la directiva de nuestra organización empresarial convoque a un paro y lo haga en medio de una de las mejores temporadas que nos ha tocado vivir. Nos hemos preguntado en qué momento se convocó a una asamblea de asociados para discutir qué posición deberíamos adoptar frente al conflicto que vive el campo. Un paro de actividades es una medida muy grave que implicaría una amplia discusión de todos los socios. Nunca se nos convocó a asamblea con ese orden del día” , decía el texto, ampliamente difundido, y enfatizaba que no se podía resolver un paro “sin promover un amplio debate”. Finalmente, el texto criticaba el apoyo a una medida de ese tipo sin haber desarrollado una similar por la competencia desleal.
Sena dijo desconocer que hubiera circulado una carta de esas características. “Nunca recibimos nada, ni tuvimos un solo socio que estuviera en contra de la medida que se aprobó por asamblea”. “Si hay algún socio que no está conforme no se habrá adherido a la medida de paro, y si no quiso estar presente en la vigilia, tiene libertad para resolverlo así”. Aseguró que en una asamblea que tuvo lugar en diciembre se aprobó por unanimidad darle potestades a la directiva para tomar medidas respecto de varios temas, entre ellos el de movilizaciones como la de los autoconvocados, “que se veía venir que iba a pasar”. También se la facultó a “tomar acciones contra las instituciones que crea conveniente por el comercio ilegal que hay en la actividad”.
Sena añadió que en diciembre la Dirección General Impositiva les informó que “llamaría a quienes estén trabajando en la clandestinidad”, así como a quienes hacen transacciones por medios electrónicos, para que paguen IRPF.