Fitzgerald Cantero, Alejandro Sánchez, Pablo Abdala e Iván Posada, en un foro sobre publicidad oficial. Foto: Pablo Vignali (archivo, junio de 2015)

No pautó

Tras ser votado “en general” en una comisión de Diputados, el proyecto de ley sobre publicidad oficial casi no fue discutido en 2017.

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Mientras que el presidente Tabaré Vázquez se jactó el lunes de haber bajado el gasto en publicidad oficial y prometió que la reduciría aun más, en el Parlamento descansa, tras casi un año sin haber sido prácticamente tratado, un proyecto de ley que regula los criterios para adjudicar este tipo de publicidad. “Sigue pendiente en nuestro país la aprobación de una ley que regule la producción, ...
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Mientras que el presidente Tabaré Vázquez se jactó el lunes de haber bajado el gasto en publicidad oficial y prometió que la reduciría aun más, en el Parlamento descansa, tras casi un año sin haber sido prácticamente tratado, un proyecto de ley que regula los criterios para adjudicar este tipo de publicidad.

“Sigue pendiente en nuestro país la aprobación de una ley que regule la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, de forma de utilizarla de manera más eficaz, justa y transparente”, dice un comunicado del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) publicado ayer. Allí se recuerda que esta organización no gubernamental presentó una iniciativa que contó con el apoyo de los cuatro principales partidos políticos del país, aunque “este amplio respaldo no ha logrado transformarse en una rápida aprobación”. “En diciembre de 2016, el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, pero durante 2017 no se votó el articulado en particular”, se agrega.

El comunicado recuerda que los propios legisladores, al momento de la presentación del proyecto, reconocieron que una ley de este tipo “es fundamental para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, ya que establece procedimientos claros para la asignación de la pauta, evita el uso discrecional de la publicidad como forma de castigo o premio a los medios de comunicación en función de su línea editorial, favorece mecanismos de contralor ciudadano del gasto, incluye criterios de transparencia activa para las empresas que reciben publicidad oficial, entre otros aspectos”. Finalmente, se reclama “a todos los partidos políticos que el proyecto sea discutido y votado este año en el Parlamento”.

El proyecto fue firmado por los diputados Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente), quienes se prestaron a estampar su firma en él para que la iniciativa pudiese adquirir “estado parlamentario” y ser discutida.

Durante 2015 y el grueso de 2016, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que continúa estudiando el texto, recibió a numerosas delegaciones: no sólo al propio Cainfo, sino también a la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, la Asociación de Radios del Interior, la Organización de la Prensa del Interior, la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Además recibió informes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE).

El 14 de diciembre de 2016, el diputado Ope Pasquet pidió votar en general el proyecto de ley y dejar la discusión en particular de los artículos para el próximo año. El texto fue aprobado a nivel general por unanimidad entre los legisladores del cuerpo, y si bien el tema estuvo en el orden del día durante las siguientes sesiones de la comisión durante 2017, prácticamente nunca volvió a ser tratado ni se votaron cada uno de sus artículos. El 4 de abril de 2017, Pasquet anunció que estaban por llegar dos informes de la OPP y de la ACCE sobre la propuesta, y sugirió “esperar la llegada de dichos informes” para considerar el proyecto.

El 28 de abril Cainfo reunió a varios legisladores para presentar un nuevo proyecto sustitutivo, a partir de los comentarios que las delegaciones habían hecho acerca de su primera iniciativa. “Una vez que durante 2016 la Comisión hizo un intenso llamado a opiniones, tomamos la decisión de leer esas actas y entregar una propuesta de modificaciones para superar críticas y debilidades que tenía la iniciativa original”, explicó a la diaria Gustavo Gómez, uno de los integrantes de Cainfo.

Sin embargo, en la comisión el tema no volvió a abordarse hasta el 6 de diciembre del año pasado, cuando el diputado Javier Umpiérrez comunicó que a partir del informe de la ACCE se elaboraron algunas propuestas de cambio. Según dijo, esta agencia, a la que en el segundo proyecto que presentó Cainfo, se le asignaban competencias de asesoramiento de los organismos públicos y evaluación de la ley, sostuvo que podría “asesorar en aspectos vinculados a la contratación [de publicidad], pero que no tiene idoneidad para procesar los análisis de audiencia o comunicación, ni en lo que tiene que ver con los criterios de distribución”, por lo que propuso derivar los estudios de audiencia al Consejo de Comunicación Audiovisual, que creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la que el segundo proyecto que presentó Cainfo le otorgó competencias en el estudio de medición de audiencias.

“Obviamente pudo haber habido otras opiniones. Hicimos aportes en abril, mayo y durante todo el año, acercando diferentes redacciones. Nos consta que el tema estuvo en agenda en muchísimas oportunidades pero nunca fue abordada su aprobación. Si bien se votó en general, lo que se tendría que hacer ahora es votar artículo por artículo la iniciativa, pero la comisión nunca trató esos artículos”, manifestó Gómez.

La actual presidenta de la comisión, Macarena Gelman (Frente Amplio), precisó que hubo principalmente dos aspectos que retrasaron la aprobación del proyecto: primero, que se propusieron varias modificaciones y algunos de los informes que se habían solicitado llegaron recién “en diciembre”; segundo, que la comisión estuvo abocada a otros temas “prioritarios”, entre los que enumeró las modificaciones del Código del Proceso Penal, la reforma del Código Penal, el Estatuto de Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la iniciativa que modifica el financiamiento de los partidos políticos y el Código Penal Militar. De todas formas, aseguró que se trata de una iniciativa que también es “prioritaria” para la comisión.

En tanto, el también frenteamplista Darcy de los Santos dijo que los legisladores han estado “intercambiando” acerca del tema, y lo que se busca es “poder hacer coherente y aplicable el proyecto”. “Incluso desde Cainfo han surgido algunas posibles modificaciones. Estamos tratando de ver ideas y quizás reunirnos este mes para poder adelantar algunas de estas. En diciembre tratamos de avanzar pero no pudimos; había acuerdo en esperar las devoluciones para poder avanzar”.

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