Luego de que se conociera el uso que dieron a las tarjetas corporativas del Banco República (BROU) los ex directores Pablo García Pintos, Carlos Rodríguez Labruna (Partido Nacional, PN), Daniel Cairo y Milka Barbato (Partido Colorado), los principales partidos políticos han comenzado a insistir en la necesidad de aprobar normas para fortalecer la transparencia tanto en su financiamiento como en el ejercicio del poder.
Así, el Frente Amplio (FA) busca que se trate rápidamente en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de financiación de los partidos que se aprobó en el Senado en noviembre del año pasado. Hicieron ese reclamo varios legisladores oficialistas, entre ellos Marcos Otheguy y Alejandro Sánchez, el jueves de la semana pasada, luego de que García Pintos confesara haber retirado efectivo con su tarjeta corporativa del BROU para hacer aportes al PN.
A su vez, la bancada de senadores del FA maneja, a propuesta de la vicepresidenta Lucía Topolansky, la posibilidad de crear una comisión especial sobre transparencia para tratar varios proyectos de ley relacionados con este tema, aunque algunos legisladores admiten que no todas esas iniciativas tienen la misma “seriedad”, y está sobre la mesa la idea de empezar con el tratamiento de algunos proyectos. No obstante, el FA se propone que haya “un compromiso de los partidos de oposición de votar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos”, sostuvo Otheguy. Algunas de las disposiciones de ese proyecto requieren mayorías especiales, ya que refieren a cuestiones electorales.
En tanto, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos hacia Adelante, dijo ayer en su audición semanal que buscará “contactos con los demás partidos en proyectos de ley que den más transparencia”. Consultado por la diaria, Lacalle Pou se mostró favorable a crear una comisión especial para tratar estos proyectos. También lo hizo el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien opinó que lo mejor sería “armar una sola ley” con los puntos en común que haya entre todos los partidos en varios de los proyectos presentados.
Financiamiento partidario
El proyecto de financiación de los partidos políticos establece un tope a las donaciones de particulares a las campañas electorales de 300.000 unidades indexadas (UI) por cada donante (aproximadamente 1.100.000 pesos).
Los candidatos a presidente y vicepresidente podrán donar como máximo 400.000 UI (cerca de 1.500.000 pesos); los candidatos al Parlamento y las intendencias, 300.000 UI; los candidatos a ediles, 200.000 UI (aproximadamente 700.000 pesos), y los candidatos a alcaldes, 100.000 UI (cerca de 350.000 pesos). En cuanto al financiamiento permanente de los partidos, el tope es de 100.000 UI por donante en un año. Además, se establece que sólo podrán hacer donaciones a los partidos las “personas físicas debidamente identificadas”. El proyecto también dispone que el financiamiento estatal a los partidos por voto emitido se incrementará 15% cuando las listas sean encabezadas por mujeres, y 20% cuando la mujer que encabeza la lista efectivamente ocupe su banca o cargo.
La iniciativa, no obstante, también genera rispidez entre los partidos en lo relativo a los minutos de publicidad gratuita para los partidos en radio y televisión. Únicamente con el apoyo del FA, el proyecto aprobado ayer estableció que se distribuirá 45% de ese tiempo de forma igualitaria entre los lemas con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lema en las elecciones nacionales inmediatas anteriores, y 5% para los nuevos partidos, con un tope máximo para cada uno de ellos igual al del partido con menor representación parlamentaria. Esa propuesta fue tildada de inconstitucional por la oposición, sobre la base de que la Suprema Corte de Justicia había decretado la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que buscaba asignar publicidad electoral gratuita en función de la votación de cada partido.
El diputado blanco Pablo Abdala dijo a la diaria que el proyecto no se encuentra “trabado ni encajonado” por la oposición, y que no fue tratado con anterioridad porque el FA no había decidido a qué comisión enviarlo. José Carlos Mahía, ex presidente de la Cámara de Representantes, admitió que el oficialismo no trató antes el texto porque recién ingresó a Diputados en noviembre, y la bancada tenía que ocuparse, antes del receso, del proyecto para los llamados “cincuentones”. Según dijo, la idea es crear una comisión especial para tratar el proyecto, tal como se hizo en el Senado.