El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo ayer en una entrevista con Radio Uruguay que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) tiene que ser modificado ya que, por un lado, algunas de sus disposiciones permiten a quienes están en medio de un proceso penal continuar delinquiendo, y por otro, en lo referido a ciertas situaciones su redacción es considerada ambigua por los actores judiciales. El ministro expresó, no obstante, que estas nuevas normas llegaron para quedarse, y que si bien se les deben hacer algunos cambios, no hay que dar marcha atrás en la reforma.
Como ya ha hecho en otras oportunidades, Bonomi insistió en que la aplicación del nuevo CPP ha incidido en el aumento de los delitos, y expresó que desde su aplicación “hay 1.200 privados de libertad menos”. Al respecto, explicó que antes existía la figura de la “prisión preventiva”, y una persona procesada podía ir presa antes de ser sentenciada, pero ahora “el nuevo código establece que cuando a alguien lo detienen espera en libertad hasta que la sentencien”. Para Bonomi, esto “se asocia con el aumento de rapiñas, porque cuando agarran a uno por una rapiña chica lo dejan dos o tres meses esperando el juicio”, considerando que “no es peligroso”. En esos casos, a la persona “pueden darle” prisión preventiva, pero no lo hacen y, como consecuencia, “comete más rapiñas”, sostuvo. El ministro considera que “al que [la Justicia] deja libre no es al que tiene más antecedentes graves”, y que, por lo tanto, aumentaron “las rapiñas chiquitas”, de modo que “hay que estudiar esto mejor”, sostuvo.
Otro problema que ve Bonomi en relación con este tipo de delincuentes de poca monta es la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento: “Le dan tres años y algo de prisión, le cambian la prisión por medidas alternativas y entonces lo dejan libre. Esa persona va a seguir delinquiendo. Entonces hay que ajustar el código; más allá de que es bueno, hay que hacerlo”.
Además, el ministro dijo que se han producido “contradicciones” entre los tres actores que deben trabajar conjuntamente para aplicar el nuevo código (la Policía, los fiscales y la Justicia). Esa falta de coordinación es otro de los argumentos que Bonomi utiliza para proponer que se modifique el nuevo CPP: “Hay contradicciones en jueces y en fiscales, y a partir de ahí aparecen contradicciones en la Policía. Hay jueces que dicen que la Policía no puede detener sin la orden del juez, y fiscales que dicen que puede hacerlo. Tampoco se puede generalizar con eso que dice la Policía de que está atada de manos. Esos son algunos. Hay policías que se sienten atados de manos, pero no es la Policía”. Con respecto a este último punto coincidió el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, que el miércoles 21, en una visita a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, dijo: “Hay algunas normas que, en mi opinión personal, merecerían ser ajustadas para que no existiera ninguna duda y para terminar de una buena vez por todas con esto que dicen. Yo sé que lo dicen porque tengo quejas de gente que viene y expresa: ‘Me dicen que si el fiscal no da la orden no pueden ir a buscar el auto robado que está en la esquina’. ¿Pero cómo que no pueden ir sin la orden del fiscal?”, se preguntó Díaz. Ayer, Bonomi reconoció que hay acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para implementar modificaciones al CPP.
A pesar de que el ministro afirmó que la gran mayoría de los legisladores son conscientes de que el código necesita cambios, algunos de sus argumentos no terminan de ser asumidos en el Parlamento. El senador oficialista Marcos Otheguy dijo que el tema aún no se ha discutido en la bancada del Frente Amplio, pero adelantó que, en su opinión, “afirmar que una reforma esté teniendo esas consecuencias necesita fundamentarse de forma rigurosa”. “No creo que se puedan hacer esas afirmaciones con el escaso tiempo que lleva el código. Habría que conocer algún estudio que avalara eso”. Otheguy reconoció, no obstante, que efectivamente “está habiendo algunos problemas en la instrumentación del nuevo CPP”, pero dijo que lo que hay que ver es si se deben “al contenido de la norma o a su gestión”. “Está esa sensación de la sociedad; uno lo escucha y a nosotros nos preocupa, y esto impacta más donde vive la población más vulnerable”.
En tanto, el diputado nacionalista Pablo Iturralde coincidió en que en el nuevo CPP “hay algunas cosas para modificar y arreglos para hacer”, pero no atribuyó la “cada vez mayor inseguridad” a su implementación, sino a la “mala gestión” de Bonomi. “Los delincuentes no se sientan a leer el código. El problema es que Bonomi perdió las referencias. La gran modificación debería ser sacarlo y cambiar las políticas”, ironizó.
En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que no cree que se pueda hablar de fracaso del nuevo CPP, pero que es necesario hacer algunos ajustes legislativos. Para eso fue que convocó para el martes 3 de abril a Díaz, Bonomi y la Suprema Corte de Justicia a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Mieres coincidió con Iturralde en que “hay una crisis de la estrategia de seguridad del Ministerio del Interior que no tiene nada que ver con el código”. Respecto de los problemas de reincidencia que Bonomi atribuyó a la falta de prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas, el senador sostuvo que el ministro “debería probar que esas personas reincidieron”. En cambio, a su entender el Plan de Alta Dedicación Operativa (PADO) que implementa el Ministerio del Interior “llegó a un límite” y está provocando un problema de “desconcentración del delito”, como respuesta a la concentración de efectivos en ciertas zonas.
Una cosa o la otra
El senador blanco Javier García cuestionó al fiscal general de la nación, Jorge Díaz, por haberle enviado al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, la entrevista de Radio Sarandí en la que el ex director del Banco República Pablo García Pintos (también del Partido Nacional) admitió haber utilizado la tarjeta corporativa de ese banco para hacer contribuciones a su colectividad política. Según declaraciones de García recogidas por Telenoche, Díaz actúa “militantemente, ya que pasa algunas denuncias y no otras”, y puso como ejemplo las que su partido hizo sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado. “En cuestión de horas pide investigar si hubo delitos”, aunque “sabe están todos prescriptos desde hace años; lo sabe un estudiante de primer año de derecho”, aseguró el senador, y agregó: “Para militar políticamente hay que dedicarse a la política”.