El martes el Poder Ejecutivo (PE) dio a conocer los lineamientos para la séptima ronda de los Consejos de Salarios, con pautas similares a las de la ronda anterior. Desde la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) se ve con preocupación la que será la mayor de las negociaciones colectivas desde que estas se reinstalaron, esta vez con 205 grupos. Gabriel Murara, presidente de la CIU, dijo a la diaria que si bien las pautas son semejantes a las de la sexta ronda, “la situación general de la industria no”.
“En la industria manufacturera no hay crecimiento, hace tres o cuatro años que está estancada. En estos años hemos perdido más de 20.000 empleos”, afirmó. Sobre lo anunciado por el PE comentó que esperaba que los porcentajes de aumento de salarios fueran menores y “más alineados con la meta inflacionaria que el gobierno pone, entre 3% y 7%”. Para Murara, uno de los grandes problemas del sector es la competitividad, ya que “por muchos años la inflación ha superado el rango meta”, y si se prevé “5% de inflación, y la pauta más baja [de aumento salarial] es 6,5%, lo que pasa es que sigue creciendo el salario real” “y se ponen en riesgo los empleos”, a lo que se suma “un tipo de cambio que no ha acompañado la inflación”.
El empresario opinó que si la inflación resulta menor que la esperada, debería haber aumentos salariales también menores que los previstos: “Si hacemos los deberes muy bien y la bajamos [la inflación], por ejemplo a 4%, ¿no podemos tener correctivos a la baja, igual que ponemos correctivos al alza [para el caso de que la inflación esté por encima de lo esperado]? ¿Por qué siempre tenemos que apostar a que vamos a estar peor?”.
Con respecto al sector, aseguró que 54% de la industria está en problemas, según los datos de noviembre de 2017 de que dispone la CIU, y que entre las ramas con más dificultades están las de curtiembre, plástica y metalúrgica.
José Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, prefirió no referirse a las pautas sino evaluar el panorama general de su sector. Dijo que “la construcción está en una situación intermedia”, con 44.000 trabajadores ocupados, “lejos de los 73.000 que teníamos cuando estaba Montes del Plata”, y que en los últimos tres años la caída ha sido continua. “Yo supongo que en los primeros seis o nueve meses de este año la situación va a ser parecida a la del año pasado. No me atrevo a dar otra idea, porque la información que tenemos de las obras públicas y privadas, las de vivienda y las que no lo son, está en función de que se empiecen o no. Hay que tener una visión clara: la industria es un sistema de vasos comunicantes. Todos los meses se van terminando obras, y eso determina el cese de cientos de trabajadores, pero también arrancan otras obras” que crean empleo, explicó.
Otegui pronosticó que el margen de variación puede ser 5% “para arriba o para abajo”, y sobre el impacto que pueden generar UPM y las obras que esa empresa finlandesa le pide al gobierno para instalarse en Uruguay, afirmó que “con suerte serán 2.000 puestos de trabajo” y que “no mueven la aguja, porque hay que saber cuántas obras se van a terminar en el mismo período”. Recordó además que UPM le solicitó al PE reformas en el puerto, accesibilidad por tierra al lugar donde se instalaría la nueva planta, y transporte ferroviario. “Si esas tres cosas están el 15 de febrero de 2020 con un grado de avance relativamente importante, es probable que UPM confirme su instalación, pero, de lo contrario, no se va a confirmar la obra”, afirmó.
Opiniones políticas
Las pautas de aumento salarial para el primer año de vigencia de los acuerdos son diferenciadas, con 6,5% para los sectores “en problemas”, 8,5% para los “dinámicos” y, entre esos extremos, 7,5% para los “medios”, que son la mayoría. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, dijo ayer a la diaria que ese 7,5% le “parece una propuesta de congelación o rebaja salarial” si la inflación está actualmente en 7,1%. En tanto, el diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, comentó a la diaria que el gobierno aplica una fórmula “similar a la de la ronda pasada” y actúa con un sentido de “cautela”, en función de la situación económica general y la del empleo. “Es notorio que asistimos a un aumento de la desocupación; el índice de desempleo de enero fue, a mi juicio, preocupantemente alto (8,5%), y la caída de la tasa de empleo es pronunciada. De manera que, traicionando su histórico discurso, el gobierno recurre a una suerte de desindexación parcial de los salarios. Cuando el Frente Amplio era oposición, privilegiaba el salario en todas las circunstancias, mientras que hoy reconoce que tiene que haber un equilibrio entre el salario y el empleo”, dijo. A juicio de Abdala, esto sucede porque estamos en un año preelectoral y la economía “no ofrece un margen demasiado amplio para resolver los disensos que se puedan dar entre trabajadores y empresarios”.
Por su parte, el diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo que en esta ronda se reiteran los criterios de la anterior porque dieron buenos resultados: “Creció el salario real, y eso ayudó a bajar las expectativas de inflación y la propia inflación”. Destacó también que esa menor inflación fortaleció el salario real y que, por todo eso, se insiste con una pauta de aumentos salariales “no atados a la inflación”, aunque con un correctivo si esta crece más de lo esperado.
“Se apunta a la conservación del empleo y a seguir incrementando los salarios reales en los sectores dinámicos”, con una “mínima perdida para los sectores en problemas”, pero, al mismo tiempo, con aumentos mayores para los salarios más bajos”, redondeó.