El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió una declaración ayer, a raíz de los comentarios que hizo públicos hace algunos días el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Quian, quien dijo que algunos abogados “trafican” con la angustia y el miedo a morir de los pacientes terminales, a fin de que estos presenten, por su intermedio, recursos de amparo ante la Justicia.
A propósito de esto, Alejandro Cuesta, secretario general del SMU, dijo a la diaria que “efectivamente el sistema es bastante complejo y eso viene siendo así desde hace mucho tiempo”. “Pero no nos parece una forma correcta de abordar el tema, sin negar los problemas que puedan existir, apuntar responsabilidades a cada uno de los actores involucrados. Por el contrario, a nosotros nos parece que esto se debe abordar con los pacientes, con la industria, con los médicos, con los efectores y con el órgano rector, porque, al fin y al cabo, el responsable último de esta situación es el gobierno por intermedio del MSP”, agregó.
Cuesta señaló que el Poder Ejecutivo tiene potestades para instrumentar cambios que terminen con esta situación indeseable, ya que, en definitiva, es él quien está poniendo y determinando las reglas de juego. “Nosotros, como supongo que ocurre con todas las partes involucradas, no estamos a favor de la judicialización de la medicina, pero también pensamos que el hecho de que se llegue a los juicios y a la presentación de los recursos de amparo no es la causa del problema, sino una consecuencia de algo que no está funcionando bien. El problema de fondo es que el país no ha hecho de una manera lógica, racional y acordada la incorporación de nuevos estudios, tratamientos y tecnologías médicas, muchos de ellos de alto precio. Y sobre eso se debe trabajar”, puntualizó Cuesta, quien reafirmó el reclamo del SMU respecto de la creación de una agencia independiente de evaluación tecnológica.
Sobre este último punto dijo: “Nos parece lógico y razonable que exista una agencia o una institución encargada de evaluar los tratamientos, que debe ser además una entidad independiente de la que esté encargada de financiar ese tratamiento, porque son roles que en muchos casos están contrapuestos. También sería bueno que se definiera e hiciera público cuánto dinero quiere, puede y debe gastar el país para prolongar la vida de un paciente o para mejorar la calidad de vida de un paciente. A partir de eso empezaríamos a trabajar con números más objetivos. Esa sería una manera lógica y racional de resolver este tema, y no como funciona en la actualidad, que es ir viendo caso a caso en base a presiones que ejerce cada actor. Si se recorre ese camino, el de poner arriba de la mesa los conflictos de interés –que los médicos también tenemos–, el de analizar la evidencia que existe y los dineros con los que se cuenta, se puede llegar a una síntesis, que debe estar a cargo del gobierno. Pero con esas reglas de juego todos estaríamos más comprometidos, porque el sistema tendría una base racional y todos nos adheriríamos a las pautas establecidas”, redondeó el secretario general del SMU.