Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), destacó ayer el aumento de las trabajadoras domésticas registradas en esa institución. En declaraciones a Subrayado dijo que de 2004 a 2017 el aumento fue de 500.000 trabajadores en general, pero en ese sector fue de 30.000.
Sin embargo, no todas son buenas noticias: Lucía Gándara, secretaria de organización de la filial de Montevideo del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), dijo a la diaria que de un total de 75.000 inscritas, sólo 300 están sindicalizadas.
“El tema es que no se perciben como trabajadoras, piensan en sus empleadores como familia”, afirmó. De todos modos, los problemas de estas trabajadoras no se explican sólo por cómo se perciben; desde el domingo 1º de abril, las empleadas registradas en el BPS como mensuales deberán comenzar a cobrar su remuneración con medios electrónicos, pero el decreto correspondiente, del 19 de diciembre del año pasado, establece excepciones: las que cobran por jornal y las que están empleadas por una persona jubilada o pensionista seguirán cobrando en efectivo. Gándara dijo que son “nuevas trabas” para estas trabajadoras, porque cobrar a través de un medio electrónico es una manera de evitar la evasión o que el empleador declare ante el BPS menos salario del que paga en realidad. Luego, “cuando una se enferma o cuando llega el momento de la jubilación, recibe una indemnización menor a la que corresponde. Es una transa muy grande tratar de justificar que recibíamos más dinero, y ahora con esto de la no inclusión financiera va a ser peor, porque era una manera de demostrar que en lugar de cobrar, por ejemplo, 5.000 pesos, como declaraba el empleador, recibíamos 10.000”.
Uno de los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Oriental del Uruguay, organización que oficia en los Consejos de Salarios como representante de los empleadores, es que los jubilados y pensionistas tienen dificultades para usar herramientas electrónicas para hacer transferencias bancarias, o tienen problemas de movilidad para acercarse a una institución financiera. En marzo de este año, Martín Vallcorba, asesor del MEF, dijo a la diaria que esta excepción está en sintonía con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento para que los jubilados y pensionistas que cobran por medios electrónicos puedan elegir si siguen así o vuelven al efectivo.
Para Gándara, tal problema no existe, porque en la actualidad la mayor parte de ese grupo está cobrando con dinero electrónico: “Reciben sus pensiones o jubilaciones a través de una red de cobranza o en un banco, y ahí mismo pueden hacer una transacción sin tener que moverse a ningún otro lugar. Una compañera dijo un día que los patrones en general nacieron con una tarjeta de crédito, entonces, ¿cómo no se van a saber manejar, aunque sean jubilados? Lo que sucede es que quieren seguir evadiendo”, sostuvo.
La sindicalista dijo que un elemento que influye en las negociaciones con la patronal es que 99,6% del trabajo doméstico es realizado por mujeres. “No hay igualdad de género en la sociedad, no hay igualdad en el Poder Ejecutivo, no hay igualdad en la central de trabajadores. Las secretarías en las que hay compañeras fueron creadas después del último congreso [del PIT-CNT, en junio de 2015]”, ejemplificó.
Si bien en estos años aumentó la cantidad de domésticas que se pudieron jubilar, por lo escaso del dinero que perciben, “muchas tienen que seguir trabajando”. Consultada sobre posibles relevamientos que el sindicato pueda hacer para conocer mejor la realidad del sector, dijo que es muy difícil porque las dirigentes de SUTD no tienen licencia sindical. “La Liga de Amas de Casa, en los Consejos de Salarios, dijo que no iba a dar [ese derecho]. Lo que alegan es que no tienen personal para hacer las suplencias: por ejemplo, que la confianza que me pueden tener a mí no la van a tener con una compañera que me suplante”.
Otra reivindicación, que el SUTD planteó en el convenio pasado y piensa reiterar, es la implementación de categorías. Desde el sindicato propusieron siete, pero “el Poder Ejecutivo nos quiso dar tres sin diferencia de salario”, algo que no fue aceptado. Las categorías propuestas son limpieza general, limpieza diaria, cocina especial, cocina sencilla, niñera, cuidado de adultos mayores y planchadora. Para las que implican “más compromiso, como cuidado de niños y adultos mayores, pedimos más salario”, señaló Gándara, y relató que en las negociaciones pasadas hubo ocho reuniones en las que se discutió este tema, y la presidenta de la Liga, Mabel Lorenzo de Sánchez, “dijo que no estaban dadas las condiciones, porque nuestro trabajo tenía que ser profesionalizado”. Por eso se creó en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional un curso de profesionalización del trabajo doméstico. Gándara explicó que en el primer módulo, de nueve horas semanales con una duración de seis meses, se brindan cursos sobre el uso de productos químicos y naturales, derecho laboral, lengua y matemática básica, manipulación de alimentos e informática; en el segundo módulo, clases de inglés y portugués. El primer módulo se dictó en Montevideo en el primer semestre de 2017, y este año comienzan las capacitaciones en Bella Unión, Fray Bentos, Florida, y Maldonado. Como contrapartida, la Liga debe brindar capacitación sobre liquidación de sueldos, derechos y obligaciones de los empleadores, “pero al día de hoy no ha podido dar ni un curso”, comentó.