“Quiero destacar, y está demás señalarlo porque es lo que corresponde, que este fiscal actuó con total libertad en esta causa. Hay que destacar la falta de presión, tanto de parte del sistema político como de los abogados de los indagados y de mis jerarquías”. Así habló ayer Luis Pacheco, fiscal en Crimen Organizado, en la conferencia de prensa que brindó sobre su pedido de procesamiento de nueve ex jerarcas de ANCAP.
Pacheco subrayó que, dada la etapa del proceso, la conclusión del dictamen es provisoria, y que es consciente de que el delito de abuso de funciones “ha sido cuestionado doctrinariamente”. “Pero es un delito que está vigente y la Fiscalía tiene la obligación de aplicarlo. Consiste en la comisión de actos arbitrarios que son contrarios, formalmente o sustancialmente, a los deberes o las atribuciones del cargo”, explicó. Además, recalcó que se levantó el secreto bancario de cada una de las personas indagadas, y “tras el análisis económico patrimonial realizado por el equipo multidisciplinario que colaboró con la investigación, no se detectó un enriquecimiento patrimonial” en ningún caso.
Ante preguntas de la prensa, alegó que el pedido de procesamiento sin prisión en todos los casos se debe a que, si bien la causa se rige por el viejo Código del Proceso Penal, en el nuevo Código se establecen determinados requisitos para la imposición de la prisión preventiva, y “todas las normas del nuevo sistema que sean más favorables a cualquier persona indagada deben ser aplicadas”. Sobre este punto, el dictamen señala que no existe “peligro de fuga, ni de frustración de la prueba, ni peligro para la seguridad de la sociedad”.
Pacheco agregó que la investigación continúa y que, si la jueza “hace lugar a los pedidos de procesamiento”, recién en ese momento se iniciará un proceso judicial, según lo que indica el viejo Código. “Esto quiere decir que las personas, si fueran procesadas, serán inocentes hasta que una sentencia establezca lo contrario”. Además, como aquel Código no marcaba plazos, el fiscal señaló que no puede estimar el tiempo del que dispondrá la jueza para expedirse. Por último, indicó que no se solicitó el procesamiento de los empresarios presuntamente beneficiados por las irregularidades ya que “no existió delito de parte de ellos”. “La Fiscalía entiende que existieron delitos contra la Administración Pública, y debe requerirse responsabilidad de los funcionarios”, remató Pacheco.