Los “ambiciosos cometidos” que le fueron asignados al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) no han tenido “ningún éxito resonante” que haya dejado “satisfechos” a sus integrantes, quienes, no obstante, niegan haber caído en un “fracaso absoluto en todas y cada una de las áreas determinadas”.
Ese es el balance que hace el propio grupo de su desempeño, desde su creación en 2015 hasta el año pasado, en un documento de evaluación de su gestión. “Se debe optimizar las experiencias adquiridas, aprendiendo de lo realizado así como de las dificultades encontradas, y llegar a esta etapa de los años 2018 y 2019 en las mejores condiciones de fortaleza institucional, al efecto de cumplir los tan importantes cometidos asignados”, se agrega en las conclusiones del informe.
El texto también admite que las renuncias de dos directores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (Isabel Wschebor y Fernando Gómez) “no fueron factores que ayudaran a la gestión más ordenada del trabajo”. Esta afirmación aparece en una sección del documento llamada “análisis del contexto del cumplimiento de las líneas estratégicas”. Allí se afirma, por ejemplo, que el GTVJ “fue objeto de debate público” desde su anuncio, “cuestionándoselo por su integración (que incluye desde diputados oficialistas a representantes de diversas colectividades religiosas) y por su institucionalidad”. En esa sección se especifica que “no ha habido un solo mes en el que los temas del pasado reciente no estuvieran en la opinión pública en sus diversas aristas”. Tras enumerar varios hechos recientes, se destaca el “hurto y provocación” al Grupo de Investigación de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, “al mismo momento que el Grupo de Trabajo ingresaba con el geo radar del Equipo Argentino de Antropología Forense en el Servicio Militar de Armamento”. También “se debe señalar que las amenazas realizadas por el denominado comando Barneix fueron un elemento de distorsión en la tarea del Grupo de Trabajo”.
A este contexto se le añadió la “complejidad del diseño institucional del Grupo de Trabajo que depende de la Presidencia de la República para su actuación y gestión administrativa”, afirman los integrantes del GTVJ, y “si a ello le sumamos las dificultades que derivan de esa condición para la contratación de personal o de servicio, y no contar con un marco presupuestal adecuado, las condiciones de trabajo son adversas”, sostiene el informe. A pesar de este marco, se asegura que “todo lo relativo a las excavaciones se ha podido desarrollar en tiempos muy razonables, con celeridad y eficiencia”.
Entre los objetivos que el documento distingue del GTVJ se encuentra “investigar los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones”. Si bien el texto asegura que “se ha apoyado con trabajo de investigación en algunas causas judiciales entabladas, fundamentalmente para darles valor a nuevos testimonios o judicializar los ya existentes”, también se resalta que “en cuanto a la investigación específica, lamentablemente no se ha podido avanzar a pesar de haberse realizado intentos con los equipos existentes”. “Es una tarea de alta especialización que consume un tiempo muy importante”, se alega. También se destaca el apoyo al desarrollo de las excavaciones bajo mandato judicial, en el ex Batallón 13 y en el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea.
El informe plantea matices en cuanto al cumplimiento del objetivo de “recabar testimonios e información” (así como “sistematizar la existente”) para avanzar “en la investigación, la justicia, el reconocimiento y la memoria”. Según dice el documento, si bien no se ha definido “un ambicioso plan para recabar testimonios”, sí se ha recibido “por parte de organizaciones de Derechos Humanos inquietudes, sugerencias y propuestas”, y ahora lo que falta es “darles forma a esos materiales dispersos a fin de lograr un documento único accesible para quienes lo necesiten”. En tanto, se lamenta “no haber podido avanzar en una solución que permita tener operativo y con carácter centralizado un banco de sangre y de datos genéticos de los familiares de detenidos desaparecidos”.
Finalmente, el informe destaca que la cooperación con el Poder Judicial y “otros operadores” ha sido “disímil y compleja”. Por un lado, “en cuanto el Grupo de Trabajo solicita cuestiones concretas a través del coordinador ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en general se ha accedido a los mismos”, en particular cuando se trata de documentación. Pero a continuación se acota que lo más dificultoso es “la construcción de un diálogo para una aplicación armónica del derecho internacional de protección de los derechos humanos”, que “no ha podido lograrse, por falta de instancias que vayan en esa dirección”. Además, se asegura que la búsqueda de cumplir con uno de los mandatos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman versus Uruguay sobre formación de jueces y fiscales “no prosperó”.