Ingresá

Falero dijo que está dispuesto a ayudar al sector productivo, pero hubiera deseado que no fuera mediante la reducción de la contribución inmobiliaria

2 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago
Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

Ayer en la Torre Ejecutiva el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, se reunió con una delegación del Congreso de Intendentes (CI) para intercambiar información y perspectivas sobre el proyecto de ley del gobierno que establece la reducción de la contribución inmobiliaria rural, que fue enviado el lunes al Parlamento.

A la salida de la reunión, José Luis Falero (Partido Nacional), intendente de San José y presidente del CI, señaló en una rueda de prensa que se dispusieron a analizar junto con la OPP qué impacto económico tendrá el proyecto, ya que “se han manejado muchos números” y “hay algunas diferencias entre lo que se percibe por parte de las intendencias y lo que realmente queda plasmado en el proyecto de ley”. Agregó que saben que la cifra va a afectar los recursos de los gobiernos departamentales y que se comprometen a trabajar en conjunto en los próximos días para seguir avanzando y que el proyecto no llegue “a afectar la obra pública”. Falero aseguró que en el caso de San José la reducción sería de 20%, lo que significa 30 millones de pesos menos, “un monto significativamente importante para cualquier intendencia”.

“Nosotros estamos dispuestos a ayudar al sector productivo desde el principio. Quizá hubiésemos deseado que esta no hubiera sido la forma”, dijo Falero, y agregó que deben analizar cómo el proyecto impactará “de forma equitativa”, porque es un tema que les preocupa. Agregó que como no está pensado que el Poder Ejecutivo haga compensaciones, las intendencias deberán ingeniárselas para que la reducción no afecte a la caminería rural, ya que en las intendencias del interior “lo que se está invirtiendo en caminería rural es superior a lo que se recauda de contribución”. Por último, Falero señaló que el martes tratarán el proyecto en el CI y subrayó que como recién entró al Parlamento, tienen tiempo suficiente para tratarlo.

Por otro lado, García señaló en una rueda de prensa que la reunión se hizo a pedido del CI y que tuvieron un “intercambio muy profundo, con la misma apertura de siempre”. Dijo que hay dificultades porque hay “cruces de números” que provienen de diferentes organismos, por lo que en los próximos días afinarán ese aspecto. El jerarca destacó que, dada la situación de algunos sectores del agro, el Poder Ejecutivo estableció cinco medidas antes de que pasara un mes de la movilización de autoconvocados del 23 de enero. “Esas cinco medidas, relacionadas básicamente con rebajas para el sector lechero, arrocero, hortifrutícola y el de los ganaderos familiares, que abarca una gran cantidad de productores, suman un costo de unos 15 millones de dólares. Esto es muy importante, porque la estimación del costo que tenemos con referencia a la contribución inmobiliaria rural suma aproximadamente la mitad de esa cifra, y eso es coherente con el aporte de la carga tributaria que hace el agro al gobierno nacional y los gobiernos departamentales, de una proporción de 2-1”, explicó el director de la OPP.

García señaló que le gustaría que quedaran bien claras las medidas del gobierno porque escuchó algunas declaraciones, como las del senador nacionalista Luis Alberto Heber, que le llamaron la atención “por la falta de información”. “Preguntó cuál es el aporte que hizo el gobierno. Son los 15 millones de dólares de costo que tienen las medidas planteadas en materia de energía eléctrica y de descuento de IVA al gasoil”, respondió García.

Sobre el descuento de la contribución inmobiliaria rural, el jerarca dijo que es un porcentaje de lo que cada intendencia recibe, y, desde ese punto de vista, “es equitativo”. No obstante, señaló que “hay intendencias que son más débiles y otras que son más fuertes”, por lo tanto, “el eterno tema que hay que tener en cuenta es cómo llegar a la mayor justicia posible”. En cuanto a cómo afectaría el proyecto en el caso de San José, García dijo que Falero le planteó esos números y que los van a analizar en los próximos días. “Para que esto sea justo no hay una compensación posible de estos valores, lo que no quiere decir dejar de trabajar para que la cantidad de obras siga siendo la misma”, finalizó García.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura