“Si en un país hay 32.000 denuncias [por violencia de género], que fue lo que sucedió el año pasado, estamos ante un país violento adentro de los muros de las casas. Ese lugar que siempre pensamos que era el más seguro resulta que se transformó, en muchos casos, [en] inseguro”, dijo ayer Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, a la salida de la reunión que compartió con los sindicatos policiales y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
En ese encuentro, en el que participaron el Sindicato Único de Policías del Uruguay, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) y el Sindicato Policial de Maldonado, se llegó a varios acuerdos: se les pagará la nocturnidad a todos los policías, se acordó en trabajar en un protocolo para los casos de custodia, y el ministerio revisará la actual prohibición de que los policías trabajen en el ámbito privado. No hubo coincidencia acerca del proyecto de ley de presunción de legítima defensa que será tratado en el Senado.
La reunión se produjo tras la muerte de un policía cuando custodiaba a una mujer que había denunciado a su ex pareja, un militar retirado, por violencia de género. Este hombre, de 61 años, ingresó a las 6.30 del 8 de marzo al domicilio y mató a la mujer y a uno de los efectivos. Fue detenido y tres días después la Justicia dispuso que cumpliera 150 días de prisión preventiva.
Patricia Rodríguez, presidenta de Sifpom, explicó a la diaria que la nocturnidad se compensará con horas libres hasta la próxima Rendición de Cuentas. “Es un paso intermedio”, dijo, y después los policías empezarán a cobrar dinero.
Sobre el servicio de custodia a las mujeres víctimas de violencia, se llegó a un acuerdo para que se empiece a trabajar en la posibilidad de trasladarlas a refugios, y mientras tanto el ministerio habilitó para estos casos el uso de una escopeta con balas de goma en los patrulleros.
Rodríguez dijo que también le transmitieron al ministro las dificultades que afrontan los propios policías cuando son denunciados por violencia de género. Aseguró que se les quita el arma de inmediato y sin analizar si hay pruebas, pero “muchas veces las denuncias son falsas”. Cuestionaron, además, que también se les saque el arma a las policías víctimas, considerando que eso da un “mensaje ambiguo: si hace la denuncia va a tener problemas laborales”.
En la reunión de ayer también se planteó la falta de personal en Bomberos. “Están trabajando mucho, y no se les pagan las extras. Hay compañeros a los que se les sacaron los días libres por falta de personal”, explicó Rodríguez.