Este semana, la División de Recursos Humanos del Poder Judicial terminará de validar las firmas de funcionarios que adhieren al acuerdo salarial con el gobierno, con el que se pondrá fin al conflicto que se arrastra desde 2010. Richard Ascurrein, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), contó a la diaria que se reunieron aproximadamente 2.800 firmas, que corresponden a cerca de 80% del padrón de funcionarios.
El conflicto comenzó por el vínculo de los sueldos de los funcionarios judiciales con los de los ministros de los poderes Ejecutivo y Judicial, y a raíz del aumento que estos recibieron en 2010. Con los jueces y los fiscales el gobierno ya llegó a un acuerdo el año pasado. La fórmula de consenso con el resto de los funcionarios judiciales establece el pago de 57% de la deuda para los trabajadores con remuneraciones más altas y de 65% para los que reciben salarios más bajos.
De validarse, el acuerdo alcanzará solamente a los funcionarios que hayan firmado, porque se pagarán partidas. Algunos resolvieron no acogerse al convenio y, en cambio, promover acciones judiciales contra el Estado. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, cuestionó la actitud de los abogados que promueven y patrocinan esos juicios. “Acá se han hecho presiones políticas y de algunos abogados contra el sindicato y contra el gobierno, algo que lamentamos. A mí me cuesta creer que haya algún abogado que por intereses políticos esté atentando contra una organización gremial, eso debería estar en la esencia de la ética de los abogados, pero bueno, está sucediendo”, dijo el jerarca a la diaria.
El secretario general de AFJU coincidió en que hay abogados “que prometen situaciones que no son la realidad”. “Prometen el cobro en unos poquitos meses, [y les dicen a los trabajadores] ‘no firmen, porque si me pagan a mí van a cobrar en pocos meses’, pero el Poder Ejecutivo ya ha manifestado que en esta Rendición de Cuentas no va a haber [dinero] para pago de sentencias. No hay una posibilidad cierta de cobro en un tiempo corto”. Sin embargo, señaló Ascurrein, “hay muchos compañeros que de repente toman una decisión inducidos al error por profesionales que les prometen cosas que no son la realidad”. Ni el dirigente sindical ni Murro dieron nombres, pero uno de los abogados que patrocinan las demandas es Pablo Donnangelo.
Ascurrein recordó que el sindicato resolvió por mayoría transitar la vía del acuerdo, y opinó que todos los afiliados deberían tomar ese camino. De todos modos, acotó que se trata de reclamos individuales y que respeta a quien tome la decisión de recurrir a un juicio, aunque no la comparte.
Murro, por su parte, destacó como una “buena noticia” que ya se haya alcanzado 80% de las firmas necesarias para ratificar el acuerdo. Aseguró que “la sociedad uruguaya no tiene plata para pagar las sentencias del Poder Judicial, que se producen por distintos errores que se cometieron, entre ellos errores del gobierno”. “Para lo que hay plata y va a haber, en la Rendición de Cuentas o antes, es para pagar los convenios, como estamos pagando el de los jueces, el de los fiscales...”, indicó.
El ministro destacó que los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación hicieron un planteo para adherir al convenio y que los actuarios están juntando firmas para hacer lo mismo. “La directiva de los actuarios no ha querido negociar un convenio, pero sabemos que hay una movida muy importante de los funcionarios actuarios, que están juntando firmas para ver si pueden adherir”, comentó. Destacó que el gobierno “está poniendo 50 millones de dólares que paga la sociedad uruguaya para unos 3.500 trabajadores en dos años”. “Y eso es mucha plata”, sentenció.