MTSS advierte sobre organizaciones que usan trabajo voluntario para “evadir obligaciones laborales” y proponen modificar normativa

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Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) denunciaron, junto al ex titular de esa cartera Santiago Pérez del Castillo (2002-2005), que existen empresas y organizaciones que se valen del voluntariado para “evadir obligaciones laborales y seguridad social”, o como un mecanismo para competir en forma desleal con otras firmas. El titular del MTSS, Ernesto Murro, y Pérez del...
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Autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) denunciaron, junto al ex titular de esa cartera Santiago Pérez del Castillo (2002-2005), que existen empresas y organizaciones que se valen del voluntariado para “evadir obligaciones laborales y seguridad social”, o como un mecanismo para competir en forma desleal con otras firmas.

El titular del MTSS, Ernesto Murro, y Pérez del Castillo comparecieron el lunes ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, junto con varios jerarcas y asesores del ministerio, para opinar sobre los cambios al proyecto de ley de voluntariado en el ámbito privado, que ese organismo modificó a partir de un proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.

“En el trabajo autónomo, muchas veces el trabajador tiene que ser protegido de figuras truchas, fraudulentas, que están encubriendo un trabajo subordinado auténtico”, adelantó al principio de su intervención Pérez del Castillo. Agregó: “Muchas veces vemos situaciones en las que empresas realmente competitivas en el mercado –como decía el señor ministro–, por medio del trabajo benévolo, se ubican en una posición en la que es muy difícil competir, porque el costo de mano de obra en ese tipo de actividad es muy alto”. “La forma puede ser de aparente voluntariado, pero la realidad indica que compiten en el rubro de panadería, taller mecánico o servicios, no en pie de igualdad, sino en dumping, con otras empresas formales que cumplen sus obligaciones laborales y de seguridad social”, agregó.

Para evitar este tipo de situaciones, el Ejecutivo envió un proyecto alternativo de ley de voluntariado, en el que se establece que “los servicios de los voluntarios no podrán ser utilizados para sustituir empleos formales o evadir obligaciones con los trabajadores”.

En la comisión, el inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, expresó que su dirección frecuentemente encuentra en las inspecciones a “un trabajador que está realizando una tarea aunque no figura en la planilla. Entonces, averigua el nombre y el número de cédula, pero este declara que está en carácter de voluntario y que ha asumido no percibir un salario”, de modo que “es bastante difícil continuar con el procedimiento habitual” de inspección. Por eso, el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo establece que quien se desempeñe como voluntario deberá firmar ante la organización “un formulario muy sencillo que diga que es un voluntario”, e indique las “condiciones que se establecen”. Además, el MTSS propone que los voluntarios tengan seguro contra accidentes, que no puedan llevar a cabo actividades por más de 24 horas semanales, y que se incluya un artículo que implique que en cada inspección “se presume la existencia de relación laboral, salvo prueba en contrario”. Es decir, que si no está firmado el mencionado formulario, se partirá de la base de que no hay voluntariado. El jerarca también propuso que se agregue un artículo al proyecto para adjudicar expresamente a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social facultades de contralor de las actividades de voluntariado.

Fuentes del MTSS aseguraron que el gobierno aún no cuenta con un marco jurídico que permita sancionar a algunas organizaciones no gubernamentales como Beraca o Remar, que a juicio de la cartera cuentan con trabajadores en condiciones de explotación que alegan estar haciendo tareas como “voluntarios”.

En agosto de 2016, tras una inspección ministerial, el pastor de la Iglesia Misión Vida (que gestiona los hogares Beraca) Álvaro Dastugue, también diputado, dijo a Televisión Nacional del Uruguay que lo que hacían las personas que habían sido inspeccionadas no era “trabajo ilegal ni en negro”, sino que estaban “bajo el paraguas de [la ley] del voluntariado” vigente, aprobada en agosto de 2005. En aquella oportunidad, Rey pidió “debatir el alcance de la ley”, y dijo que sería bueno legislar para impedir que se compitiera “ilegítimamente, irregularmente, con una empresa formalmente instalada”.

A fines de 2012, la Unión de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines denunció ante el MTSS la violación de los derechos laborales de cerca de 30 personas que vivían en los hogares Beraca y trabajaban en la planta automotriz Effa Motors, que luego fue absorbida por la empresa china Lifan Group.

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