El 20 de diciembre, en la última sesión de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”, que establece la creación de una “comisión honoraria con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remitido al Poder Legislativo para su consideración”. El proyecto dictamina que se declare, con carácter interpretativo de los artículos 77, inciso 1, y 81 de la Constitución de la República, que “el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía”.
A raíz de esto, Ronda Cívica por el Voto en el Exterior hizo una petición en la página web change.org, dirigida a la Cámara de Senadores, para que voten favorablemente el proyecto, porque entiende que significaría “un avance sustancial en el largo proceso hacia la futura implementación práctica del ejercicio del derecho al sufragio en el exterior”. Además, quienes hacen la petición esperan que obtenga amplia mayoría, “en honor a la deuda que el Estado uruguayo mantiene con la diáspora, que participa y contribuye históricamente al desarrollo e inserción internacional del país”. Entre los participantes de la iniciativa están la profesora Belela Herrera (ex vicecanciller) y Juan Raúl Ferreira, entre muchos otros.
El proyecto de ley, que fue presentado por representantes del Frente Amplio (FA), se debatió acaloradamente cuando fue aprobado por la Cámara de Diputados, al punto de que todos los representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente se fueron de sala en el momento de la votación. El colorado Ope Pasquet había sido uno de los más duros con el proyecto –había señalado que es “inconstitucional”–, y el frenteamplista Roberto Chiazzaro había explicado que el texto no consagra “en absoluto” el voto en el exterior y que “tampoco violenta la Constitución”.