Como reflexión acerca de lo sucedido en la sexta ronda de los Consejos de Salarios, que comenzó en 2016, Murro sostuvo que si bien la mayoría de los convenios firmados adhirieron a los lineamientos del Poder Ejecutivo –mayoritariamente autodefiniéndose como sector “medio” en las categorías que había previsto el gobierno–, la evolución del salario estuvo alineada con lo previsto para los sectores definidos como “dinámicos”. El ministro sostuvo que fueron estos lineamientos, que recordó que fueron “tan criticados”, los que “ayudaron a no trasladar aumentos transitorios de precios a salarios”.
No obstante, la tasa de empleo cayó en los últimos tres años. Murro sostuvo que en el último Consejo de Ministros, que se celebró en la estancia presidencial de Anchorena, este tema había sido la prioridad nacional del gobierno. Dijo que las mayores preocupaciones refieren a los casos de “jóvenes, mujeres y personas con menor nivel de educación formal”, dado que el crecimiento del desempleo afecta mayormente a los trabajadores con menos años de educación formal. También afirmó que las diferencias salariales entre hombres y mujeres responden principalmente a “diferentes complementos y formas salariales”.
Una de las principales políticas de la cartera durante este período de gobierno fue el incremento del salario mínimo nacional, que al día de hoy se ubica en su nivel más alto desde 1985. Sobre este punto el ministro dijo que a pesar de que creció más que el salario medio, la informalidad no se incrementó. De hecho, los puestos que cotizan al Banco de Previsión Social pasaron de 675.000 en 2006 a 1.025.000 en 2017, más allá del “leve” descenso reciente. Agregó que en la última década el incumplimiento del salario mínimo bajó de 9,7% a 7,9% en el ámbito privado.
Desde el 1º de enero el salario mínimo se ubica en 13.430 pesos mensuales nominales. Sin embargo, Murro observó que aun así, actualmente 12,1% de los asalariados privados perciben ingresos laborales inferiores a 15.000. De cara a la próxima ronda de Consejos de Salarios, los lineamientos propuestos por el gobierno plantean volver al régimen de aumentos semestrales del salario mínimo nacional a partir de julio del año que viene. Así, después del aumento de 11,7% previsto para enero de 2019 (hasta llegar a 15.000 pesos), se prevé otro incremento adicional en julio, con el que se llegaría a 16.300 pesos en enero de 2020.
Otra de las metas del ministerio para la próxima ronda de negociación colectiva será impulsar más protocolos de prevención de conflictos en el ámbito privado y público. Murro adelantó que la cartera va a generar “propuestas concretas” que presentará “en cada mesa de negociación” porque “es algo que Uruguay necesita para su desarrollo”. Consultado al respecto, lamentó que las cámaras empresariales rechazaran el año pasado la propuesta del ministerio para la prevención de conflictos. “Habríamos ganado un año y seguramente mucho más, pero luego de que avanzamos dijeron que no”, recordó y puso como ejemplo que hay “buenas experiencias para ambas partes”, como en la construcción, el sector metalúrgico, el de la bebida y el del papel.
Más allá de que también sea difícil consensuar, la cartera propondrá indicadores de elaboración propia de productividad por empresa, conjuntos de empresas y rama de actividad. Murro consideró que si las empresas no abren su información, no se puede discutir ni avanzar. “Esto no lo dice el PIT-CNT ni el ministro de Trabajo. Lo dicen todos los expertos internacionales de cualquier forma de pensar en el mundo. Para discutir productividad en una empresa, en un conjunto de empresas o en una rama de actividad se debe dar información”, indicó. También recordó que sobre este punto se planteó avanzar en rondas anteriores, pero aseguró que hubo sectores que prefirieron otorgar una partida fija y no profundizar la discusión “en serio”.
Acompañando los ya mencionados, otros de los objetivos prioritarios para esta ronda de negociación colectiva será “mejorar los niveles de empleo, reduciendo la tasa de desempleo” y buscando compatibilizar el crecimiento del salario real con “la necesidad de crear puestos de trabajo”, de forma que la masa salarial acompañe el crecimiento del Producto Interno Bruto. También apostó a promover aumentos salariales diferenciales, algo previsto en los lineamientos del gobierno, “atendiendo la situación de los trabajadores con ingresos más bajos, así como la realidad de cada uno de los sectores”. Por otro lado, apuntó a proteger las mejoras salariales obtenidas asegurando, en particular, el mantenimiento del salario real y la promoción de “diversos aspectos importantes” de las relaciones laborales, como los “derechos y obligaciones” de las partes, la “sostenibilidad de las empresas”, la formación profesional y capacitación de trabajadores y empresarios en actividad y la certificación de saberes y competencias. Asimismo, dijo que se apuesta a llegar a 100% de acuerdos con cláusulas de género (hoy están en 75% de los convenios); a avanzar en seguridad y salud laboral; en acciones comprendidas dentro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados; en el acceso a bienes y servicios culturales y artísticos, de turismo social y de transporte al trabajo; a la alimentación y al ejercicio físico en el ambiente laboral, siguiendo el plan piloto iniciado en el ministerio; y a la conformación de fondos sociales bipartitos como los que han creado los metalúrgicos, el sector doméstico y la administración central.
Además, manifestó la intención de consolidar la negociación colectiva en nuevos sectores públicos en los que ya se ha iniciado, como el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Fiscalía General de la Nación y las intendencias.
Finalmente, aseguró que se registró una caída estimada de un tercio en los accidentes laborales en todos los sectores de actividad, en particular de los fatales, a partir de la aprobación de la Ley 19.196, que establece la responsabilidad penal del empleador que no adoptase los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la legislación, y dijo que su cartera se centrará este año en una campaña de prevención dirigida a los trabajadores jóvenes. El número de accidentes bajó de 41.269 accidentes en 2014 a 27.300 en 2017.