Ayer se supo que el contrato que firmó el gobierno con la empresa UPM para instalar una planta de celulosa en Pueblo Centenario incluye una cláusula que la habilita a abandonar el proyecto simplemente cumpliendo con el requisito de notificar por escrito al gobierno un año antes. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, le restó importancia a esta cláusula, a la que calificó de “insignificante”. “Es un detalle sin importancia, porque para el momento en que se pueda ejecutar ya vamos a haber dejado el gobierno. Para los blancos sí es un detalle muy, pero muy importante, pero para nosotros no”, declaró el jerarca.
Desde Presidencia de la República explicaron que la cláusula “es habitual en este tipo de contratos”. Además, consideraron que es “muy difícil, casi imposible” que UPM recurra a ella. “Para que ellos se vayan tendría que pasar algo realmente catastrófico, como, por ejemplo, que arruinen el río Negro con los efluentes de la planta y les corresponda hacerse cargo. En ese caso, obviamente, se irían. Pero no creo que pase, así que mejor ni nos preocupamos”, explicó un jerarca gubernamental. “Vale la pena señalar que este tipo de cosas también son completamente naturales en este tipo de emprendimientos. Porque es obvio que si una multinacional causa daños irreversibles en un país pobre, se va a mandar mudar para evitar asumir los costos de sus actos. Repito: eso es moneda corriente, algo de todos los días”, agregó.