La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó el jueves un informe sobre Venezuela, en el que enumera gravísimas violaciones a los derechos fundamentales de los habitantes del país caribeño. En respuesta, desde el gobierno venezolano aseguraron que el informe es “parcial” y “no refleja la situación de nuestro país”. “No todos los venezolanos tienen problemas para acceder a alimentos y medicinas o para expresar sus opiniones libremente. Los dirigentes del chavismo la pasamos bastante bien”, declaró un integrante de la diplomacia bolivariana.
Uno de los datos aparecidos en el informe que generaron mayor repercusión fue que durante 2018 se produjeron más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales, la mayoría a manifestantes contra el gobierno. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue muy crítico respecto del informe, reconoció que en este punto “Bachelet tiene razón”. “Es inaceptable que en nuestro país haya tantas ejecuciones extrajudiciales. Nos comprometemos a impulsar en los próximos meses una reforma constitucional que establezca la pena de muerte para las personas que salgan a la calle a decir cosas que no nos gustan”, anunció el mandatario. “Con esta medida, la revolución bolivariana le va a demostrar al mundo que en este país existe el más estricto apego al estado de derecho. Va a haber garantías para todos. Nadie que pueda probar que no criticó al gobierno fuera de su casa va a ser ejecutado”, agregó.