Cerca de 220 trabajadoras y trabajadores de la Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género, que coordina el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), aseguran que tanto sus puestos laborales como la atención a las mujeres en situación de violencia están en riesgo. La advertencia surgió debido a que las autoridades del Mides dejaron sin efecto la licitación pública por la cual se seleccionaron las organizaciones que gestionarían el sistema hasta 2022, un convenio que debía entrar en vigencia el 1º de mayo.
Las organizaciones civiles fueron notificadas de que la firma no tendría lugar 15 días antes, por correo electrónico. En ese aviso se les informó que se iniciaría un nuevo proceso licitatorio que incluiría “cambios formales” respecto del pliego de 2019 y que, mientras tanto, el convenio vigente se prorrogaría por siete meses. “No recibimos mayores explicaciones, ni información al respecto, ignorando en la actualidad cuál será el funcionamiento futuro [de los servicios] y qué implican esas modificaciones, situación que genera gran incertidumbre tanto en la fuente laboral como en la continuidad del trabajo realizado hasta el momento”, cuestionaron en un comunicado divulgado el martes.
Lo único seguro es la prórroga, que “puede caer en cualquier momento si las autoridades plantean antes una nueva propuesta”, según explicó a la diaria Lucía Gulisano, psicóloga, militante de la Comisión de Trabajo Tercerizado del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA) y delegada del núcleo de base del equipo de Violencia Basada en Género del Inmujeres. “E incluso si sacan una licitación, nos preocupan mucho las condiciones que tendrá esa nueva propuesta”, consideró.
Gulisano dijo que la decisión “se da en un contexto en el que se vienen generando cambios a nivel de todas las políticas del Mides”. En ese sentido, recordó que la cartera ya “bajó” el programa Impulsa –de asesoramiento y formación para jóvenes– y abrió un nuevo llamado para Cercanías –programa de apoyo a familias en situación de extrema vulnerabilidad– que “de alguna forma saca del medio a las organizaciones de la sociedad civil como gestoras de los programas y pasa a la contratación de unipersonales”. Una de las preguntas del SUTIGA es si el sistema de respuesta a la violencia de género derivará también en este tipo de contratación, que a su entender “precariza aún más las condiciones laborales de las y los trabajadores tercerizados”.
El otro problema que plantea el sindicato tiene que ver con el impacto que la decisión del Mides, a su juicio, podría tener en la atención que se brinda a las mujeres en situación de violencia, “teniendo en cuenta la cantidad de casos de violencia doméstica y femicidios que tenemos en nuestro país”, dijo la representante sindical. Una de las principales preocupaciones es que las modificaciones formales en las que trabajan las autoridades del Mides de cara al nuevo llamado bajen de alguna forma la calidad de la atención.
Gulisano explicó que los equipos que trabajan para Inmujeres se basan en protocolos de atención internacionales y están integrados por profesionales especializados en materia de violencia de género. “Hay un marco teórico que sustenta nuestra intervención y es muy peligroso que esto se pierda. Porque el servicio puede seguir, pero ¿en qué condiciones? ¿Con qué tipo de técnicas y técnicos?”, cuestionó. “Por más que el servicio continúe funcionando, si los técnicos no tienen especialidad en la temática, puede pasar que se reproduzcan las violencias dentro de sus consultorios, por lo que no estaríamos haciendo efectivo el programa, y las afectadas serán las mujeres”, agregó la psicóloga, subrayando que la idea “es fortalecer el sistema, no ir para atrás”.
Consultada por la diaria, la directora del Inmujeres, Mónica Bottero, aseguró que “en ningún momento estuvo presente la idea de afectar, suspender o reducir el sistema de respuesta a la violencia de género”. Por eso, dijo, se estableció la prórroga mientras se trabaja en la nueva propuesta. La funcionaria dijo que se decidió desestimar la licitación de 2019 y hacer un nuevo llamado para “ampliar el espectro de organizaciones de la sociedad civil y de técnicos que puedan presentarse”. “Tienen que entender que cambió el gobierno y vino una administración nueva al ministerio que quiso tomarse el tiempo para ver las características del llamado, que estaban excesivamente cerradas a dos o tres organizaciones con nombre y apellido”, argumentó Bottero. La directora reconoció que esas organizaciones son las que tienen la “expertise” en el tema, pero opinó que “si siempre son los mismos los que están en el territorio, siempre serán los mismos los que van a tener la expertise”.
Ampliar el espectro también implica cambiar los requisitos exigidos. En ese sentido, Bottero dijo que “probablemente” para presentarse al nuevo llamado no se requiera la formación mínima de 20 horas en violencia de género que hoy se exige, una capacitación que sería brindada por los propios equipos del Inmujeres. “Yo no veo mucha diferencia entre un abogado con 20 horas de entrenamiento en violencia de género y un abogado sin esas 20 horas, que luego recibirá el asesoramiento de nuestros técnicos”, ilustró, y aseguró que la calidad de los servicios “va a estar garantizada”.
Programa de Cercanías
En cuanto al programa Cercanías, una de los trabajadores de este programa, Ana Astapenco, explicó a la diaria que este surgió en 2012 y que la nueva administración va a cambiar su “perfil”, por lo tanto, “desaparece” como tal. El contrato de los trabajadores de ese programa (cuyo sindicato también es el SUTIGA) rige hasta el 31 de mayo. Astapenco sostuvo que en febrero, integrantes de la nueva administración dijeron a los trabajadores que “venían a reformular de base” la política por “un planteo ineficiente” del programa, “que no daba resultados”. Según dijo, una de las observaciones que se le hizo al plan es que no trabajaba con los referentes barriales de cada zona, sino que se trataba de un plan a medida con cada familia. “Los equipos son aproximadamente 23 a nivel nacional, con entre cuatro y seis personas, o sea que son 100 trabajadores”, subrayó. Estos equipos atienden en total a cerca de 4.000 personas, “de las cuales la amplia mayoría son niños y adolescentes”, explicó. Los equipos de Cercanías tienen dos fondos de financiamiento, una mitad del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y otra del Mides, y los que caen al finalizar mayo son los del Mides.
Respuestas
El director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, dijo a la diaria que el programa Cercanías se va a fusionar con el programa Uruguay Crece Contigo ‒de protección integral a la primera infancia‒ porque son dos programas de territorio “que abarcan el tema familia” y que, por lo tanto, se entiende que deben ser “abordados de formas similares”. “En las ONG había muchos jefes, se diluían las responsabilidades, mucha rotación de recursos humanos, entonces, nunca se generaba ese sentido de pertenencia al programa y tampoco la experiencia que da el trabajo continuado”, señaló el jerarca. Por eso, se entendió que era mejor “que de una buena vez se pudiera abordar el trabajo en forma más directa desde el Mides, sin tercerizarlo, y además eso genera más transparencia”.
Para abordar esos programas el Mides hizo un llamado a concurso que está disponible en la página web Uruguay Concursa, con el número 5592/2020. Son 90 puestos con la descripción “acompañamiento a familias en proceso de trabajo en el marco del programa Cercanías”, y está dirigido a “profesionales y estudiantes avanzados de Trabajo Social, Psicología, Educador Social, valorándose experiencia de trabajo con población en situación de vulnerabilidad social”. El contrato vence el 31 de diciembre de este año.
Según Martinelli, el programa va a seguir funcionando igual en sus objetivos, pero “con mucho más criterio”, porque Cercanías “de la forma en que estaba funcionando” no estaba dando los resultados que las nuevas autoridades entienden que “debía dar”.
La Red de Servicios por una Vida Libre de Violencia de Género del Inmujeres está integrada por los 33 servicios de atención a mujeres en situación de violencia que brindan atención psicosocial y asesoramiento jurídico a nivel nacional, el Equipo Territorial de Montevideo, los Dispositivos de Articulación Territorial en los demás departamentos del país y los 17 equipos de atención a varones que ejercen o han ejercido violencia hacia sus parejas o ex parejas. En paralelo, las técnicas y técnicos del organismo también atienden las situaciones de violencia de mayor riesgo por medio del programa Tobilleras Electrónicas.