La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Uruguay en el juicio que le había entablado la empresa minera Aratirí, que reclamaba una indemnización de más de 3.000 millones de dólares por una presunta violación de un tratado de protección de inversiones por parte del Estado uruguayo. El fallo fue celebrado por figuras del gobierno y de la oposición, pero aún falta conocer la reacción del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quien había participado en el juicio como testigo de la parte acusadora. “Todavía no pudimos hablar con él porque luego de escuchar el fallo se emborrachó hasta las patas y cayó redondo en la cama. Mañana lo vamos a despertar con un café y, cuando se le vaya la resaca, le vamos a preguntar si se emborrachó para festejar que ganó o para olvidar que perdió”, declaró un allegado de Alfie. La fuente relató que el jerarca gubernamental venía siguiendo el juicio “con mucho interés y sobre todo con mucha ansiedad, aunque también era muy discreto a la hora de reconocer por cuál de las dos partes hinchaba”.
Como consecuencia del fallo, Aratirí deberá pagar al gobierno uruguayo cuatro millones de dólares, y tampoco se sabe qué dirá respecto de esto. “Por un lado, podría celebrar que el Estado puede reducir el déficit fiscal en cuatro millones de dólares. Por otro lado, es dinero que perdió una empresa, así que filosóficamente lo ve como una derrota”, relató el allegado del director de la OPP.