Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El artículo 45 de la Constitución dice que “todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa” y que “la ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”. Una maravilla.
A fines de 1968 se aprobó la Ley 13.728, impulsada en forma protagónica por Juan Pablo Terra. Establece requisitos, procedimientos e instituciones para cumplir con el mandato constitucional, y aún puede considerarse avanzada, pero más de medio siglo después persiste un déficit de vivienda crónico.
No es porque el sector de la construcción sea débil. Trabaja a buen ritmo y sus empresas están entre las pocas que atravesaron la pandemia con buenos resultados. El déficit tampoco se puede explicar sólo por los cambios sociales de las últimas décadas, que modificaron y multiplicaron la demanda. Hay una notoria insuficiencia de las políticas públicas, que no han logrado, en gobiernos de todos los partidos mayores, que el derecho establecido en la Constitución pueda ser ejercido plenamente.
Los incentivos a la construcción de viviendas “de interés social” no han resuelto, ni pueden resolver, el problema de acceso para los sectores con menores recursos: las obras no se realizan con miras a ofrecer productos de bajo precio. También es claro que una considerable proporción de quienes han recurrido al Banco Hipotecario pueden pasarse la vida pagando cuotas sin llegar a la última.
El cooperativismo de vivienda ha demostrado su capacidad de dar respuestas de calidad, pero tiene una vieja lista de reclamos insatisfechos. Está por verse que los métodos de construcción alternativos en los que deposita esperanzas la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, ofrezcan realmente soluciones accesibles, dignas y sustentables en la escala requerida. No se puede decir que las ofrezca el tipo de vivienda que construye la organización no gubernamental Techo, que es mejor que nada, pero dista mucho de ser lo deseable, sobre todo si aplicamos los criterios de la ley de 1968.
Luis Lacalle Pou expresó en la campaña electoral su propósito de lograr “una situación de ‘asentamiento cero’ en un horizonte de diez años”. Esto, que no abarca todo el problema de la vivienda, es muy difícil de lograr. El presidente sostiene que la única forma viable de financiar una política de regularización y mejora de asentamientos es echar mano a fondos del Instituto Nacional de Colonización, e insiste en esta premisa sin explicar por qué descarta todas las demás eventuales fuentes de recursos.
Su propuesta, incluida en el proyecto de Rendición de Cuentas, carece hoy de los votos necesarios para ser aprobada porque no convence a los senadores del Frente Amplio, a los de Cabildo Abierto, a los del sector colorado Ciudadanos y a tres del propio Partido Nacional. Lacalle Pou se reunió con estos últimos ayer, pero no logró que cambiaran de opinión.
Un conjunto de organizaciones se movilizó ayer, en el Día Mundial del Hábitat, con el reclamo de “políticas serias y de fondo” para los asentamientos y los colonos. Por ahora no se avizoran respuestas.
Hasta mañana.