En abril de 2020, cuando el jefe de Policía de Montevideo era Erode Ruiz, la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus) entregó dos notas, una a Presidencia y otra al Ministerio del Interior (MI), reclamando que su trabajo fuera contemplado durante la emergencia sanitaria provocada por la covid-19.
Patricia Gutiérrez, presidenta de Ucrus, venía denunciando que desde marzo del año pasado la Policía hostigaba a los clasificadores e intentaba impedir que hicieran su trabajo.
El jueves pasado autoridades del MI se reunieron con representantes de Ucrus para hablar sobre la carta enviada hace diez meses. Del encuentro participaron Mario D’Elía, actual jefe de Policía de Montevideo; Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI; Gutiérrez, Luis Catalano, vicepresidente de Ucrus, y Luis Eduardo Machado, por el PIT-CNT.
Tanto los integrantes de Ucrus como los jerarcas del MI salieron conformes del encuentro. Gutiérrez dijo a la diaria que las autoridades le dieron su contacto para que se comunicara con ellos si volvían a ser acosados por policías, y los integrantes del ministerio aseguraron que la reunión fue fructífera y que el hostigamiento fue durante los primeros meses de la pandemia.
Gutiérrez relató que en abril de 2020 la persecución era “insoportable y hasta les llegaron a sacar carros de manos y las bicicletas a los clasificadores”. “Nunca contestaron la carta, supuestamente se había perdido y ahora apareció. Les contamos por qué habíamos mandado la carta, y si bien reconocieron que, por parte de los coraceros, donde se había dado un poco de palo fue en [la usina] Felipe Cardoso [lugar de disposición final de los residuos sólidos de Montevideo], fue porque se sabe que hay una parte en la que no se puede entrar porque andan los camiones”, contó Gutiérrez, y agregó que en el encuentro les aclaró que la persecución no fue sólo en la usina sino también en otros lugares. “En un momento me llamaron de una olla popular y cuando llegué había como tres patrulleros y una camioneta del PADO [Policía Alta Dedicación Operativa]” intentando que se retiraran todas las personas, contó. No obstante, aclaró que ese tipo de hostigamiento ha mermado.
Mirada Interior
Por su parte, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del MI dijo que la reunión fue “muy linda”. Sobre la nota aclaró que no la habían visto, pero al tener conocimiento de que había sido presentada atendieron la petición rápidamente. “No tienen nada puntual hoy, pero quedamos en tener un diálogo permanente; al día de hoy no hay nada en particular”, dijo.
González dijo que conversaron “en febrero de cosas que habrían sucedido en abril. Nunca quedó claro qué fue lo que sucedió; nos dijeron que ahora la Policía había cambiado y estaban muy bien. Se charló de lo que pasó pero mirando para adelante”, aseguró.
El jerarca aclaró que en el MI no se va a realizar una investigación administrativa porque no hubo ninguna denuncia hecha por los trabajadores. El funcionario aclaró que sin denuncia el MI no puede actuar: “Para que exista un acoso tiene que haber una persona que diga lo que pasó y haga la denuncia correspondiente; si no hay denuncia no hay un hecho. No es por falta de voluntad; no se puede investigar algo que oficialmente no existe. Además, cuando se va a la Justicia se tiene que ratificar la denuncia; sin eso nada se puede hacer”.
Lo que habían relatado los integrantes de Ucrus a la diaria fue que habían intentado hacer una denuncia pero no se las habían recibido.