En las últimas horas, circuló en redes sociales un video que fue filmado en la zona de Pocitos. En el material se ve cómo tres policías obligan a un hombre a borrar un video. Dos son de la Jefatura de Montevideo y uno es de la Guardia Republicana. Hay un cuarto policía de la Guardia Republicana que custodia a otras dos personas pero no media en la situación.
Al hombre lo mantienen sobre el capó del patrullero. “En algo estás mintiendo”, le dicen. “Sí, sí, ya lo borro”, responde el hombre, al que se lo ve manipulando su celular. “Borre”, le dicen los policías. Hacen un conteo: “5, 4, 3, 2…”. En ese momento el policía de la Guardia Republicana lo golpea, y durante el video repite esta actitud. Lo golpea varias veces.
Mientras, los otros repiten: “Borre, borre”. Le preguntan “¿Dónde está el video?”, le siguen pegando. Los policías preguntan por “un video”, pero el hombre dice que es “una foto”.
El policía de la Guardia Republicana se dirige hacia el otro móvil policial que estaba estacionado, donde hay otros dos jóvenes. Le dice a uno de ellos que se apoye nuevamente sobre el capó: “Me calienta, yo te estoy diciendo que te pongas ahí”. Y lo patea para que se abra de piernas. “Hasta que no vengan los policías con los que ustedes estaban de vivos se van a quedar así”, les dice.
La normativa indica que está permitido filmar un procedimiento policial siempre y cuando no se obstruya el accionar. No hay obligación de mostrar el registro. Menos aún de borrarlo. Sólo debe mostrarse bajo orden judicial si se resolviera incautar el dispositivo.
El video circuló en varias cuentas de Twitter de distintos referentes sociales y políticos, también de periodistas. Uno de ellos fue Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio: “Desconozco las circunstancias del procedimiento. Lo que sí es claro es que hay abuso policial. Le pegan a un joven por la espalda para que borre un video. ¿Qué filmó? El ministerio debe aclarar este asunto”.
Horas más tarde, también en Twitter, Sánchez compartió: “Hace unos minutos se comunicó Jorge Larrañaga [ministro del Interior] para informarme que se dispuso una investigación administrativa para esclarecer estos hechos. Bien por el ministro! Es lo que corresponde, investigar y sancionar a los responsables”.
El Ministerio del Interior, en su cuenta oficial, comunicó que “frente a los hechos denunciados respecto a un procedimiento policial ocurrido el viernes de noche, se informa que se realiza una investigación del mismo a efectos de determinar responsabilidades”.
Todavía no se conoce qué artículo del Decreto 500/991, de procedimiento administrativo y disciplinario, va a aplicar el Ministerio del Interior para la investigación. Hasta el momento, se aplicó el artículo 180 (información de urgencia).
Si se aplica el artículo 182, se realiza una investigación administrativa, que es “el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables”.
El artículo 183, en cambio, plantea el sumario administrativo como herramienta. “Es el procedimiento tendiente a determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa (artículo 169) y a su esclarecimiento”. En este caso, la falta y las personas responsables están identificadas.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que desde la Policía el sábado se dio cuenta a la Fiscalía de Flagrancia de sexto turno a cargo de Pablo Rivas, “quien dispuso algunas medidas”. Luego, dijo que el domingo se dio cuenta del caso a la fiscal de Flagrancia Brenda Puppo. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseguró a la diaria que la Fiscalía actuará en el caso y ordenó que el video completo del hecho, que tiene una duración de ocho minutos, se incluya en la investigación.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo y la Asociación de la Jefatura de Policías de Maldonado, a través de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), emitieron un comunicado repudiando los hechos y reclamando un rápido accionar para resolver la situación.
“Ante los hechos de público conocimiento, donde un funcionario en un procedimiento agrede a un ciudadano en reiteradas veces mediante golpe de puño en una actitud agresiva y fuera de toda norma del proceder policial con referencia a la filmación que se pretende borrar. Los sindicatos policiales integrantes de la USIP expresamos nuestro total repudio a este tipo de acciones, las cuales no representan a la mayoría de los funcionarios policiales que día a día trabajan de forma honesta cumpliendo con la Constitución, las leyes, los decretos y reglamentos siendo siempre nuestro principal objetivo el bienestar de todos los habitantes de la República”, expresan. Por eso, sostienen, esperan “una pronta resolución sobre lo sucedido”.