La Red de Agroecología (RAU), bajo la personería jurídica de la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay (Acaeu), era la entidad encargada de brindar certificaciones a productos bajo el sello “ecológico” desde 2015. Agricultores ecológicos, consumidores, procesadores y distribuidores de alimentos y organizaciones sociales integraban su Programa de Certificación Participativa.
El 14 de julio los integrantes se reunieron con el director de la Dirección General de Servicios Agrícolas, Leonardo Olivera, y el director de la Dirección General de la Granja, Nicholas Chiesa. Se les informó que “hasta la aprobación de nuevas normativas que están siendo discutidas a nivel parlamentario” la responsabilidad de la certificación para la producción “orgánica, ecológica y biológica” será del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), según se cuenta en un comunicado de la RAU.
“Se nos informa que los certificados emitidos hasta la fecha mantienen su validez de vencimiento y serán reconocidos, pero no así todo aquello que hagamos con posterioridad a esta reunión”, manifiesta el comunicado. Se agrega que la Acaeu está evaluando qué “otros pasos dar, con base en la defensa de más de 30 años de acumulación en el movimiento orgánico y agroecológico” en el país.
Gabriel Picos es integrante de la Acaeu-RAU y formó parte de la reunión junto con las autoridades del MGAP. “Nosotros presentamos una documentación, primero de forma parcial en junio de 2019 y completamos el resto de la información el 5 de marzo de 2020. Después, en otros contactos, lo que nos han planteado es que no han tenido tiempo, que la pandemia los complicó”, comentó. En marzo de este año presentaron la memoria anual de la certificadora, aunque no habían tenido una respuesta formal de la anterior.
Nuevo proyecto de ley para la certificación
“Se nos manifestó que a la fecha de consulta no existían entidades certificadoras registradas en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, dijo Alexandra Inzaurralde, diputada del Partido Nacional (PN), en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el 13 de julio. La consulta fue realizada porque un mes atrás, Inzaurralde junto con otras cuatro diputadas del PN presentaron un proyecto de ley para el “estímulo de la producción orgánica certificada y sus etapas de transición”. La diputada enfatizó que “sin registro” del MGAP, el sistema de certificación es “un dominó: como no hay una entidad habilitada, no existe una certificación legítimamente cumplida”.
El proyecto de ley se comenzó a tratar el 13 de julio en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la que Inzaurralde fue invitada. En la iniciativa se establece como “interés general”, “la certificación”, “el estímulo de desarrollo”, “la investigación, transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas” para la producción orgánica. El MGAP estaría a cargo de la elaboración y actualización anual de un “manual de determinaciones técnicas de observancia preceptiva en los procesos de certificación, producción, procesamiento y comercialización” de los productos. También deberá mantener actualizada a la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas sobre el manual.
Según versa el proyecto, el MGAP o las entidades certificadoras podrán otorgar un “sello de transición”. La diputada del PN argumentó que buscan crear una “categoría jurídica” porque “muchas veces” cuando un productor convencional busca convertirse en orgánico “quedan residuos”. “Durante el período que el suelo precisa para perder los residuos químicos, la idea es que el productor también pueda ser partícipe de los beneficios que confiere la producción orgánica certificada”, sumó. Indicó que les interesa abarcar en el proyecto de ley a “todos los productores, los grandes y los pequeños”.
Además, a los productos que se comercialicen después de la promulgación de la ley y no se ajusten a los parámetros de las entidades de certificación reconocidas y registradas en el MGAP se les prohibiría “rotular, identificar o denominar” como “orgánicos”. El MGAP también podrá delegar el control del cumplimiento del manual a los gobiernos departamentales o personas públicas no estatales “vinculadas al control de calidad, existentes o que se crearen en el futuro”.
Inzaurralde expresó que quieren “deslindar” el concepto orgánico de otras aristas “de carácter ideológico, filosófico y político” porque “no son certificables”, y que “quede acotado a lo estrictamente científico-biológico”.
Picos remarcó que “en términos comerciales” no se pueden discutir “las diferencias entre la producción ecológica, orgánica y biológica” porque “tienen una línea de base común en el manejo de los predios productivos que hace que se certifiquen de la misma manera”. Sobre el proyecto de ley expresó que “es como que no existimos, ni siquiera nos nombran en la exposición de motivos, como que no existen todos estos años de experiencia de certificación”.