Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La sociedad uruguaya tiene un gran déficit en lo relacionado con los derechos de las mujeres que se ha hecho más visible en los últimos años, sobre todo por el trabajo de los grupos feministas. Una parte de ese déficit está en el área de la seguridad, pero no se resuelve con las recetas aplicadas desde 2020.
Parece claro que reducir la violencia de género poco tiene que ver con el aumento del patrullaje de las calles, o con normas cuya intención declarada es que la Policía sea más respetada (o temida) y que quienes la integran sientan un mayor respaldo del gobierno nacional.
No es que sea fácil hacerle frente al problema, pero en los últimos años hubo avances en algunos aspectos que contribuyeron, por ejemplo, a mejorar la recepción de denuncias y el apoyo a las víctimas. Por otra parte, la ley integral sobre violencia de género fue aprobada, a fines de 2017, por unanimidad en el Senado y por una amplia mayoría en Diputados, de modo que es razonable suponer que había una extendida convicción acerca de su necesidad.
El problema es, sin embargo, que la aplicación plena de esa ley se viene postergando desde hace años, porque no se han asignado los recursos correspondientes. El caso más notorio, pero lamentablemente no el único, es el de los juzgados especializados que estaba previsto instalar y que siguen en veremos. Al mismo tiempo, la atención policial a las víctimas se ha deteriorado mucho, según señaló, con alarma, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Entre otras cosas, esa organización señaló el regreso de prácticas que se consideraban erradicadas, como los comentarios que desvalorizan y cuestionan las denuncias, las recomendaciones de no presentarlas o la negativa a darles trámite. Algo tendrá que ver esto con la decisión de prescindir del trabajo de becarios, que había mejorado en forma considerable la atención al público, y cabe preguntarse si tiene también algo que ver con la promocionada disminución de las denuncias.
En opinión de la Red, “es muy probable que el sistema colapse” si no se adoptan con urgencia medidas que reviertan su deterioro. Desde el año pasado no han podido acceder a información sobre lineamientos, planes y objetivos del Ministerio del Interior en la materia, y ni siquiera saben si existen.
En otro terreno mucho más específico, la cuestión de las desapariciones no resueltas de mujeres jóvenes debería ser un motivo de especial preocupación para las autoridades y el conjunto de la sociedad, pero pasa bastante inadvertida. El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? y familiares de seis de las desaparecidas presentaron ayer una denuncia colectiva ante Fiscalía, y reclaman la investigación de esos casos, ocurridos en 2019 y 2020.
Las seis desapariciones tienen en común que las víctimas estaban vinculadas con el mismo barrio, donde a fines de febrero de este año se encontraron los cuerpos de dos mujeres asesinadas. Las denunciantes sostienen que “no se ha hecho nada porque son chicas que vienen de familias humildes, con pocos recursos a la hora de hacer una denuncia, sin acceso a un patrocinio legal”. Si dramas como este no nos movilizan, estamos realmente muy mal.
Hasta mañana.