Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El etiquetado de alimentos ayuda a prevenir riesgos graves para la salud (incluyendo la infantil) que muchas personas no tienen presente hasta que se las alerta al respecto. Es, además, una medida aceptable desde posiciones ideológicas liberales, ya que aumenta la información de los consumidores sin acotar su capacidad de decisión. También es claro que la oposición al etiquetado proviene, ante todo, de quienes lucran con la venta de productos peligrosos para la salud y cuentan con una considerable capacidad de presión sobre las autoridades.
Un tercer dato claro es que las ventajas del etiquetado se desvanecen si no se aplica a todos los productos que deben llevarlo en sus envases. Sin ese requisito, “pagan justos por pecadores”, porque mucha gente tiene la percepción engañosa de que los productos sin octógonos negros son los más saludables, sin exceso de nada inconveniente. Se ven beneficiados quienes violan las normas vigentes.
En esta materia, la situación uruguaya se ha vuelto bastante bochornosa. El decreto sobre etiquetado fue firmado por Tabaré Vázquez en agosto de 2018, o sea que antes de que termine el verano va a cumplir tres años y medio. En él se estableció un generoso plazo para que las empresas se adecuaran a los nuevos requisitos, hasta el 1º de marzo de 2020.
Fue la fecha en que asumió la presidencia Luis Lacalle Pou, quien dispuso sendas prórrogas de la entrada en vigencia del decreto, ese mismo mes y en setiembre de 2020, además de modificar algunos de los valores que deben señalarse como excesivos. Estas decisiones llevaron a que la norma entrara en vigencia recién en febrero de 2021, pero casi un año después el Ministerio de Salud Pública (MSP) informa que, a los efectos prácticos y en perjuicio de quienes hacen lo que deben, la vigencia dista de ser plena.
Como es obvio, en este caso no hay apenas una exhortación a la libertad responsable. Resulta necesario que las autoridades controlen en forma eficaz el cumplimiento de todas las obligaciones de etiquetado, y que las infracciones sean sancionadas. Sin embargo, eso no sucede.
Para empezar, el MSP no terminó todavía el procesamiento de datos para establecer qué productos deben llevar etiquetas, entre otras cosas porque las empresas no han enviado la información. Esta labor sólo se ha completado en algunas categorías, y el ministerio señaló en su informe cuáles son, de modo que quienes producen o importan otras mercaderías confirmaron que su turno aún no ha llegado.
En segundo lugar, el control de esa parte de los productos también es insuficiente. Sólo 12 intendencias se han comprometido a realizarlo, y de ellas sólo nueve han enviado datos de fiscalización, que no abarcan todas las categorías priorizadas.
Así y todo, ya se identificaron 307 productos en infracción. Pero en esos casos, según el MSP, lo que se ha hecho es notificar a los responsables y darles plazos para que cumplan con sus obligaciones. El informe habla de advertencias sobre sanciones si se persiste en el incumplimiento, pero no indica que hasta el momento se haya sancionado a alguna empresa. Con este panorama, es difícil discernir si las cosas están mejor o peor que antes.
Hasta el lunes.