Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La aplicación del decreto de Luis Lacalle Pou que cambió las normas para la presentación comercial de los cigarrillos quedó en suspenso por decisión de la jueza María Elena Emmenengger, quien aceptó parcialmente el recurso de amparo presentado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT).
Esta sociedad científica apeló a la Justicia de Familia, en la que se desempeña Emmenengger, alegando que estaban en juego los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en particular los que el Estado tiene la obligación de proteger contra el “estímulo al consumo de tabaco”.
El Ejecutivo debe decidir si apela la decisión de la jueza. Por ahora, se ha limitado a insistir en que el decreto no afecta la política contra el tabaquismo, sino que defiende a la industria tabacalera contra el contrabando de cigarrillos. No es una línea de argumentación muy prometedora, porque contradice a todos los especialistas en tabaquismo nacionales y extranjeros que han opinado sobre este asunto.
En el caso de que haya apelación, la segunda instancia judicial será definitiva: si deja en pie lo resuelto por Emmenengger, el desenlace dependerá de otros procedimientos que no son ampliamente conocidos.
Como la SUT presentó también un recurso de revocación (pidiéndole al Ejecutivo que recapacitara), primero debe concluir ese trámite, y luego se abre la posibilidad de un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Si se llega a esa instancia, la suspensión se mantendrá hasta que el TCA resuelva confirmar o anular el decreto. Esto puede llevar años.
El TCA tiene cinco integrantes, nombrados por dos tercios de la Asamblea General, e interviene en las demandas de particulares contra el Estado. Puede anular decretos y otros actos administrativos (no leyes ni sentencias) si decide por mayoría que son “contrarios a una regla de derecho”, o sea ilegales. En este caso, tal conclusión podría deberse a una de dos razones, o a ambas.
La primera razón tiene que ver con la violación de normas que protegen la salud; la segunda, con el hecho de que este decreto modifica lo que había dispuesto la ley en 2018, al exigir “la uniformidad de los envases de cada tipo de producto” tabacalero.
Tabaré Vázquez decretó en 2019 que el envasado uniforme de los cigarrillos tuviera las características actuales. Lacalle Pou podía decretar, a su vez, que pasara a ser de otro material o de otro color; lo que no podía era autorizar distintos envases para el mismo tipo de producto.
El presidente dijo el 13 de setiembre, en Soriano: “Me preguntaron si esto es para favorecer a la empresa Montepaz. No, si me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio. La que se dedica a producir cigarros en Uruguay es Montepaz. ¿Quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz”. La ironía tuvo poca gracia, salvo para las tabacaleras, pero a estas les duró poco la risa. Se enfrentan ahora, al igual que Lacalle Pou, a la perspectiva de que Vázquez vuelva a derrotarlas después de muerto.
Hasta mañana.