Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El presidente Luis Lacalle Pou compareció ante la Asamblea General, como lo había hecho en 2021, para informar personalmente sobre un año de gestión del Poder Ejecutivo. Esto se puede hacer en una diversidad de estilos y todos ellos tienen sus riesgos.
Si quien ejerce la presidencia abunda en consideraciones políticas, se le cuestionará que lo haga sin que los representantes de la ciudadanía en el Parlamento tengan derecho a réplica. Si acumula datos cuantitativos, el discurso puede oscilar entre lo abrumador y lo tedioso. Si, como sucedió ayer, hay un poco de cada cosa, también habrá un poco de cada crítica.
En comparación con el informe de 2021, en este pareció que había menos trabajo previo para seleccionar los datos y el modo de presentarlos, con miras al destaque en titulares de los medios de comunicación y el impacto en la opinión pública.
Lacalle Pou recorrió una gran cantidad de áreas, que no en todos los casos habían aportado grandes novedades o resultados de envergadura. No es posible repasar todo en este espacio, y mucho menos comentarlo, pero puede ser útil destacar algunos pasajes.
En lo referido a la pandemia de covid-19 durante el año pasado, el presidente habló de varios hitos en la campaña de vacunación y resaltó que no se cumplió “aquella predicción de que nos íbamos a quedar sin camas de CTI”. Ni una palabra dijo sobre los tres meses en que los casos, las internaciones y las muertes ascendieron a niveles terribles.
Otro tema que brilló por su ausencia fue el de la cada vez más cuestionada concesión a Katoen Natie. Y, en el área de las predicciones incumplidas, no hubo fe de erratas acerca del informe de 2021, en el que había expresado su convicción de que ese año se presentaría “un proyecto de ley de reforma integral” del sistema de seguridad social.
Como al pasar, mencionó que prevé para este año un llamado a licitación orientado a potabilizar aguas del Río de la Plata. El año pasado era el “proyecto Neptuno” y ahora se le llama “proyecto Arazatí”, como cuando fue impulsado a comienzos de este siglo. Más allá del nombre y de objeciones técnicas que llevaron antes a descartarlo, implica la asociación con inversores privados, y en 2004 hubo una reforma constitucional para establecer que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano” sea prestado “exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Sobre seguridad pública, alegó que la ley de urgente consideración le proporcionó a la Policía el “escudo legal” que necesita ante una delincuencia que “está cada vez más armada y cada vez más tecnificada”. Habría sido bueno que aclarara a qué norma se refería, porque es difícil imaginarlo. Y sería excelente saber cuál es el plan para “potenciar las posibilidades de rehabilitación” en las cárceles.
La enrevesada promesa de que este año “va a comenzar el proceso de registrar la recuperación del poder adquisitivo del salario” no da para iniciar festejos, y menos aún el compromiso de reducir el impuesto a las jubilaciones y el IRPF para las franjas más bajas de ingresos... en 2023 y sólo si se obtienen “resultados satisfactorios en la economía”. Eso no es dato ni relato.
Hasta mañana.