Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Poder Ejecutivo decidió, como sabemos, extender hasta 2081 la concesión a Katoen Natie en el puerto de Montevideo, y mejorar mucho las condiciones de su negocio, tras negociaciones reservadas que llevó adelante, durante varios meses, Luis Alberto Heber cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas. Ni los socios del Partido Nacional en el gobierno ni altos dirigentes nacionalistas fueron informados sobre las conversaciones con la empresa hasta que un decreto hizo público su desenlace.
La oposición frenteamplista intentó que se explicaran las razones de ese acuerdo mediante pedidos de informes y una interpelación a Heber, y optó finalmente por presentar una denuncia ante Fiscalía, que ya comenzó su actuación y ayer les tomó declaraciones a Heber y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, participante en aquellas negociaciones.
Enfrentados a esta perspectiva, los jerarcas deberían echar luz sobre varios aspectos poco comprensibles del acuerdo. Entre ellos, por qué no quedó constancia documental sobre el proceso de negociación y por qué el Ejecutivo ha insistido en que era indispensable desactivar la demanda con la que había amenazado Katoen Natie porque le iba a causar un grave perjuicio económico al Estado. Esto último es especialmente llamativo porque las autoridades no manejaron ningún informe jurídico o económico sobre esa presunta perspectiva.
Sin embargo, da la impresión de que el ministro (ahora del Interior) y el prosecretario no han caído en la cuenta de que ya no se trata de hacer declaraciones para la televisión ni discursos en un Parlamento con mayoría oficialista. Ayer Heber y Ferrés volvieron a afirmar, ante el fiscal especializado en delitos complejos Gilberto Rodríguez, que Katoen Natie tenía razón en sus reclamos, pero no exhibieron ningún análisis oficial que avale tal opinión, y cambiaron su relato en un aspecto nada menor: ahora dicen que el acuerdo con la empresa no se debió a la necesidad de evitar una demanda, sino al interés en lograr que hiciera más inversiones en el puerto.
Ambos insistieron, además, en plantearle a Rodríguez duras y numerosas críticas sobre el manejo previo de la cuestión portuaria, durante los gobiernos del Frente Amplio. La tan mentada relación de lo político con lo jurídico se parece bastante a la que existe entre el huevo y la gallina, pero parece indudable, más allá de cualquier debate sobre ese intrincado tema, que Heber y Ferrés deben explicar en Fiscalía la legalidad de los actos por los que fueron acusados, y que eso no se logra criticando las acciones de otros, como si se tratara de una discusión de bajo nivel en redes sociales.
Hasta mañana.