Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Es frecuente que en Uruguay se mencione, con orgullo, que el país ha sido vanguardia mundial en avances de los derechos y las libertades, y pocas cosas nos agradan más que el reconocimiento de ese mérito por parte de extranjeros.
Es menos habitual que tomemos conciencia de que los impulsos progresistas, audaces y cosmopolitas han convivido con grandes retrasos, que nos gusta mucho menos reconocer y cuyo señalamiento desde fuera del país nos molesta sobremanera.
En lo que tiene que ver con la violencia de género se dan los dos extremos. La normativa es avanzada, pero su implementación se ha postergado y recortado una y otra vez, porque gobiernos de diferentes partidos le asignaron mayor prioridad a otras áreas. La ley es del siglo XXI, pero en los hechos seguimos, siendo benévolos, en la primera mitad del XX.
Lo que tiene la globalización es que estas realidades no pasan inadvertidas. El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas supervisa que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sea cumplido en los países que lo han ratificado, entre ellos Uruguay, y realiza evaluaciones periódicas sobre la situación en cada uno de ellos.
Esta semana el CDH señaló que, como sabemos, son insuficientes los recursos asignados en Uruguay para cumplir con lo dispuesto por la ley sobre violencia hacia las mujeres basada en género, que se aprobó en 2018, y vinculó esto con las altas cantidades de femicidios y de denuncias.
En consecuencia, exhortó a Uruguay a superar esta carencia, así como a lograr que operadores judiciales, policías, trabajadores de la salud y asistentes sociales, entre otros, “reciban una formación adecuada para detectar, tramitar e investigar los casos de violencia contra la mujer, teniendo en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos”.
También persisten graves violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y así lo han señalado reiteradamente representantes de organismos internacionales, al igual que el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, y diversos expertos y organizaciones locales.
En el marco del debate sobre la Rendición de Cuentas, Petit plantea que es necesario aumentar por lo menos 20% los recursos asignados a las cárceles. El comisionado indica, con robusta lógica, que la eficacia del dispositivo carcelario es su capacidad de rehabilitación, y que esta se puede medir por la proporción de reincidencia tras la liberación, que incide mucho en la seguridad pública.
Hay quienes prefieren pensar que la seguridad depende de la cantidad de personas presas, que mejor sería que no fueran liberadas, y que cuanto menos se gaste en ellas, mejor, pero los hechos son como son, y los derechos también.
Hasta mañana.