El Estado uruguayo tiene que “intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas la violencia doméstica y la violencia sexual”, asegura el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el sexto informe periódico sobre Uruguay. En esa línea, el organismo insta a adoptar medidas para “asignar los recursos financieros, técnicos y humanos que resulten necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su territorio”.
Al mismo tiempo, llama a “velar por que los funcionarios públicos pertinentes, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden, personal de salud y asistencia social, entre otros, reciban una formación adecuada para detectar, tramitar e investigar los casos de violencia contra la mujer teniendo en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos”. En el documento, que fue divulgado este miércoles, el organismo también pide a Uruguay “facilitar y alentar por diversos medios la presentación de denuncias por parte de las víctimas”, así como “asegurar que todos los hechos de violencia contra mujeres y niñas sean investigados y de manera pronta, exhaustiva e imparcial; que los responsables sean enjuiciados y sancionados; y que las víctimas obtengan reparación integral, incluyendo para sus familias, de ser el caso”.
El Comité de Derechos Humanos reconoce que el Estado ha hecho esfuerzos para prevenir y combatir la violencia de género, entre los que menciona la aprobación de la Ley 19.580, la creación del Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, la tipificación del femicidio como agravante del homicidio y el aumento del número de refugios en el territorio nacional. Sin embargo, asegura que, pese a esto, “la violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno extendido” en el país, y recuerda que sólo en 2021 hubo 30 femicidios y 38.925 denuncias de violencia doméstica.
Si bien el organismo de la ONU celebra la aprobación de la ley de violencia basada en género, cuestiona que “no se haya asignado el presupuesto necesario para la implementación efectiva”, especialmente “en lo relativo a brindar asesoramiento, sitios de refugio y asistencia a las víctimas”.
Desigualdad de género y discriminación LGBTI
En otro de los apartados del informe, el comité solicita al Estado uruguayo que promueva estrategias que busquen “garantizar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos y en todo el país”. En particular, dice el documento, “debe tomar medidas concretas para aumentar la representación de las mujeres, incluidas las mujeres afrodescendientes e indígenas, en los puestos de adopción de decisiones tanto en el sector público como en el privado”.
También pide que se adopten medidas eficaces para reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y se destinen recursos para implementar la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por otra parte, el organismo considera “preocupante” que, pese a los avances normativos registrados, persista la “estigmatización y las actitudes discriminatorias hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales”, sobre todo “la intimidación y la violencia en las escuelas”.
Al respecto, llama al Estado a “redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios” contra las personas LGBTI y “garantizar que se aborde eficazmente la discrepancia entre la legislación y la práctica, en particular en las esferas de la educación, la salud, el lugar de trabajo y el espacio público”. A la vez, insta a que los delitos motivados por razones de orientación sexual o identidad de género “sean investigados sin demora”, que las personas responsables “sean llevadas ante la Justicia y sancionados adecuadamente”, y que las víctimas reciban una “reparación integral”.