Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El contralmirante Márquez, comandante en jefe de la Armada durante la dictadura, dejó en el recuerdo varias declaraciones disparatadas. En una de ellas afirmó que con el régimen se había logrado que el país diera “un giro de 360 grados”, o sea que todo había quedado como estaba antes. Algo así puede decirse, ya sobre la mitad de este período de gobierno, sobre los procedimientos para fijar precios de los combustibles.
Antes de las elecciones de 2019, los entonces opositores sostenían que presuntos despilfarros estatales eran la causa de que esos precios fueran excesivamente altos, y prometían no sólo frenar su aumento, sino también rebajarlos. Luego la actual coalición de gobierno no pudo ponerse de acuerdo sobre los procedimientos que podrían dar ese resultado.
Una parte del oficialismo afirmaba que la solución era desmonopolizar la importación, y que si otras empresas (seguramente extranjeras o transnacionales) podían competir con Ancap en ese terreno, ofrecerían precios menores. Sería muy extraño que los impulsores de esta iniciativa no hubieran tenido en cuenta que el principal factor de encarecimiento de los combustibles en relación con otros países son los impuestos que se trasladan a los consumidores, y que el Poder Ejecutivo no ha manifestado la menor intención de reducir.
De todos modos, el presidente Luis Lacalle Pou propuso la desmonopolización en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), pero el Partido Colorado y Cabildo Abierto no estuvieron de acuerdo y se aprobó en cambio un nuevo sistema. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) calcula un teórico precio de paridad de importación (PPI), y con ese dato de referencia el Ejecutivo está fijando mensualmente los precios (esa alta frecuencia es una opción presidencial, que no surge de las nuevas normas vigentes).
La cuestión es que los precios internacionales del petróleo subieron y se han mantenido altos, de modo que si los de los combustibles acompañaran la evolución del PPI habrían acumulado un aumento aún mayor que el de los últimos años. El Ejecutivo ha decidido manejar el tema con criterios políticos, y lo habitual ha sido que primero se divulgue cuánto tendrían que incrementarse en función del PPI, y luego se anuncie que la suba será menor.
Los cálculos de la Ursea y los precios al consumo han ido por caminos muy distintos, y desde que se reunieron las firmas para el referéndum sobre la LUC el Ejecutivo optó incluso por mantener los precios congelados, aprovechando ganancias coyunturales de Ancap, pero eso aumentó la brecha entre gastos e ingresos corrientes del ente autónomo.
El capítulo más reciente de esta historia es que el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció que este mes no aumentarían los combustibles sin esperar siquiera a que la Ursea diera a conocer la variación del PPI.
El nuevo procedimiento establecido en la LUC tiene cada vez menos importancia, y hemos vuelto al punto de partida: el Ejecutivo toma decisiones políticas por sí y ante sí. Sólo cabe esperar que el desenlace de este proceso no sea el descrito en otra célebre barbaridad de Márquez: “Estábamos al borde del precipicio pero dimos un paso adelante”.
Hasta mañana.