Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Sebastián Marset es un uruguayo de 31 años con varias causas abiertas en nuestro país, donde ya fue condenado por delitos de narcotráfico. El mismo tipo de delitos motiva que esté requerido por Interpol y por la Justicia de Paraguay, que lo acusa también de lavado de dinero mediante clubes de fútbol e instituciones religiosas, y de ordenar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido en mayo.
La Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya realizó, en una operación coordinada con sus homólogas de Estados Unidos y Uruguay, 107 allanamientos para la investigación de un grupo criminal que tenía entre sus líderes a Marset, e incautó bienes cuyo valor se estima en más de 100 millones de dólares, que incluyeron 98 inmuebles, diez avionetas, un helicóptero y siete embarcaciones.
El año pasado Marset estaba detenido en Dubái por la falsificación de un pasaporte paraguayo, pero Emiratos Árabes Unidos decidió liberarlo en octubre, atendiendo entre otras cosas a que había obtenido un pasaporte uruguayo. Desde entonces está prófugo y se desconoce su paradero.
Para saber cómo había sido posible que el Estado uruguayo le hubiera concedido a Marset el documento que facilitó su liberación, senadores del Frente Amplio enviaron en marzo de este año pedidos de informes a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, que se atribuyeron mutuamente la responsabilidad.
Resulta que en el momento en que Marset realizó la solicitud desde una cárcel de Dubái no tenía causas abiertas en Uruguay, porque algunas anteriores ya se habían cerrado y otras posteriores aún no se habían abierto. Entre ellas, la que lo vincula con amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero y el ataque con una granada militar contra la sede de la Brigada Antidrogas en nombre de un grupo autoidentificado como Primer Cartel Uruguayo. Tampoco lo había requerido todavía Interpol (lo hizo en marzo de este año, con “alerta roja”), y por lo tanto estaba formalmente en condiciones de recibir un pasaporte.
Esto fue lo que respondió en mayo el Ministerio del Interior, y agregó que de todos modos la decisión de otorgar el documento le compete a la cancillería, que firma el documento y lo entrega a quien lo pidió. En este caso, se lo entregó al abogado de Marset, que era el también dirigente deportivo Alejandro Balbi (quien había tramitado el pedido).
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que no le corresponde la responsabilidad de analizar la situación legal y los antecedentes de quienes solicitan pasaportes, sino que eso es tarea de Interior, que puede autorizar o denegar el trámite, y que la cancillería se limita a continuarlo si recibe luz verde para ello.
En su defensa, ambas secretarías de Estado señalaron que Marset ya había intentado obtener un pasaporte en 2019, pero que entonces se le negó porque tenía causas abiertas.
Ayer se supo que los dos ministerios, tras practicar de ese modo el viejo juego infantil del Gran Bonete, decidieron hacer algo más beneficioso para el país y están preparando un decreto que aumente los requisitos para otorgar pasaportes a uruguayos en el exterior. Menos mal.
Hasta mañana.