Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La senadora nacionalista Carmen Asiaín, impulsora del proyecto de ley sobre tenencia compartida que fue aprobado ayer en su cámara, sólo con votos oficialistas, sostuvo que la modificación de las normas en esta materia es necesaria porque “ha sido reclamada desde la sociedad civil”, y cuantificó tal reclamo afirmando que los grupos que apoyan la iniciativa “reportan más de 70.000 seguidores”.
No está muy claro qué quiere decir “reportan” en esa frase, pero es un criterio para legislar muy discutible, ya que en la sociedad civil coexisten demandas muy numerosas y diversas, a menudo contradictorias entre sí porque provienen de grupos con intereses opuestos. Está muy bien que el Parlamento escuche y considere lo que se le pide, pero también debe tener en cuenta otros factores, tanto cuantitativos como cualitativos.
El proyecto se centra en los casos, muy minoritarios según todos los datos disponibles, de parejas que se separan y no se ponen de acuerdo acerca del régimen de tenencia y visita para sus hijas e hijos. Gran parte de los grupos aludidos por Asiaín sostienen que en tales casos hay “miles” de personas afectadas por falsas denuncias de violencia, que determinan, para prevenir riesgos, que a la persona denunciada se le suspendan los contactos y visitas.
Por lo general, y con mayor o menor virulencia, atribuyen el sesgo a los avances de la “ideología de género”, en perjuicio de los progenitores varones, pero alegan que el proyecto no es para defender los intereses de estos, sino los de la infancia, entre los cuales jerarquizan la conveniencia de mantener un vínculo frecuente con padres y madres.
Dejemos de lado posiciones aún menos comprensibles. Entre ellas, la que expuso el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, que vinculó lo que ocurre actualmente con una “embestida cultural” contra la familia, el amor entre hombres y mujeres y la existencia del ser humano. Uno se puede imaginar en qué estaba pensando, pero más vale no profundizar.
El efecto de la aprobación de este proyecto sería que los jueces pudieran decidir que los riesgos no existen y habilitar el contacto y las visitas. Esto sería problemático por sí mismo, y presentaría la complicación adicional de que en los juzgados de familia no suelen abundar los recursos necesarios para evaluar una cuestión tan delicada y asegurar “el interés superior” de la infancia, que muchísimo tiene que ver, obviamente, con su protección.
Los especialistas consultados por la comisión del Senado que trató esta iniciativa señalaron el problema una y otra vez, pero los cambios que la mayoría oficialista se avino a realizar no lo eliminaron, y es evidente que esto se debe a que la razón principal de que se haya presentado este proyecto es satisfacer el reclamo mencionado por Asiaín.
Es indiscutible que las parejas comparten responsabilidades en relación con sus hijos e hijas, y que estas no cesan con las separaciones. Lo que pasa es que entre esas responsabilidades está, en un lugar muy destacado, la de los cuidados a la infancia, que empiezan por no hacerle daño y se viola con mucha frecuencia. Aún peor sería que el Estado se hiciera corresponsable de esa violación.
Hasta mañana.