Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El senador frenteamplista Charles Carrera decidió denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que es víctima de persecución política y hostigamiento desde el oficialismo debido a su trabajo parlamentario, y en particular por el vinculado a “presuntos hechos de corrupción” en torno al acuerdo con Katoen Natie, en el que tuvo un papel central Luis Alberto Heber cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas.
Carrera también menciona sus “acciones de seguimiento y fiscalización” acerca de la gestión del Ministerio del Interior (MI), que está a cargo de Heber desde mayo del año pasado.
Las acciones que denunció el senador se refieren a su intervención, cuando era jerarca del MI, para que Víctor Hernández, tras recibir a fines de 2012 un balazo, recibiera tratamiento en el Hospital Policial, donde estuvo internado unos tres años, y tickets de alimentación por valor de 20.000 pesos mensuales.
Por esa intervención, las autoridades actuales del MI presentaron una denuncia contra Carrera, y el oficialismo impulsa la formación de una comisión investigadora en el Senado. El tema ocupa desde hace semanas mucho espacio en grandes medios de comunicación y redes sociales, y es notorio que el oficialismo quiere que mantenga la mayor repercusión posible. El senador está sometido a un intenso desgaste y poco puede hacer para evitarlo. En estas circunstancias, se entiende la apelación a la CIDH, que de todos modos implica nuevos debates, incertidumbres y riesgos.
La CIDH es un órgano independiente dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), y una de sus funciones centrales es recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alegan violaciones de los derechos humanos. Cuando acepta una de estas peticiones, puede requerir medidas urgentes para evitar más daños al denunciante, convocar a las partes en busca de un acuerdo, formular recomendaciones sobre el caso, e incluso trasladarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez tiene potestades para llegar a un fallo de cumplimiento obligatorio. Todo esto suele llevar un buen tiempo, que puede ser mayor que el que queda de este período de gobierno.
De todos modos, no es nada seguro que la CIDH decida intervenir en este tema, por la obvia razón de que la violación de derechos denunciada por Carrera está muy relacionada con la política interna de Uruguay. Si la petición del senador no es aceptada, esto puede ser utilizado como un elemento más en su contra, y el solo hecho de haberla formulado seguramente irritará a quienes tienen posición tomada de antemano contra la injerencia de organismos internacionales en asuntos locales.
Este nuevo giro de los acontecimientos tiene, además, un componente paradójico: ante lo que se puede considerar un ejemplo típico de “judicialización de la política” contra Carrera, este apela (ya sea con fines de disuasión o con voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias) a recursos que también pueden conducir a un proceso judicial, pero en el marco de la OEA, y a una eventual condena del Estado uruguayo. Sea como fuere, no está claro que le quedaran muchas más alternativas.
Hasta mañana.