El senador frenteamplista Charles Carrera decidió darle un giro más a la controversia sobre el uso del Hospital Policial que lo involucra por su actuación como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) en 2012: llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una carta dirigida a la presidenta de la CIDH y relatora para Uruguay, Julissa Mantilla, y al relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, Carrera denunció al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por “persecución política” y “hostigamiento”, que atribuyó a su actividad parlamentaria y, especialmente, a la denuncia por el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.
En la carta, a la que accedió la diaria, Carrera presenta el caso como una “situación de persecución y hostigamiento” que viene “sufriendo desde hace un mes”, la cual, asegura, responde a su “actividad parlamentaria como integrante de la oposición”. El legislador plantea que ha venido cumpliendo con su tarea “de la mejor manera posible, recibiendo incluso reconocimientos de instituciones independientes”, entre las cuales menciona el índice de esfuerzo parlamentario del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la República (Udelar), en el que se lo reconoció como el senador “más esforzado” de la cámara alta, con base en su asistencia, cantidad de proyectos de ley presentados, intervenciones, exposiciones y cantidad de pedidos de informes realizados, entre otros indicadores.
De su actividad legislativa destaca “una de las denuncias de presuntos hechos de corrupción más escandalosas de este período de gobierno”, en referencia al acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y la empresa belga Katoen Natie, por el cual “se entregó de manera monopólica hasta el año 2081 la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo”, un tema que encabezó junto con otros senadores de la oposición. Por esta denuncia fueron citados en carácter de indagados Heber –por su actuación al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)–, el prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo.
A lo anterior “se suman otras acciones de seguimiento y fiscalización”, como las “acciones del gobierno durante la pandemia” y un “fuerte seguimiento” de la actual gestión de Heber al frente del MI; por ejemplo, respecto de “los datos sobre homicidios que se han disparado en el presente año”, indica Carrera en la misiva.
El senador del Movimiento de Participación Popular mantiene el foco de su argumentación en la denuncia penal por el acuerdo con Katoen Natie, y al respecto señala que “las citaciones a la Fiscalía ocurrieron a fines del mes de junio de este año” y que “luego de este hecho, y ante el anuncio de una nueva ampliación de denuncia que se presentará en poco tiempo, comienzan curiosamente las acciones de hostigamiento y persecución personal”, en especial de parte de Heber, sostiene. A esto agrega que, “en connivencia con algún medio de prensa favorable al gobierno, intentan instalar en la agenda pública un hecho ocurrido hace diez años”, cuando se desempeñaba como jerarca en el MI.
Carrera hace referencia al informe presentado en el programa Santo y seña de Canal 4, en el cual se relató el incidente ocurrido el 12 de noviembre de 2012, cuando Víctor Hernández, un joven de 26 años, recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico mientras se celebraba en la casa de enfrente el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez. Hernández estuvo ocho meses en el Hospital de Clínicas y luego, por disposición del MI, se le brindó asistencia en el Hospital Policial hasta diciembre de 2016. Además, recibió de la cartera tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales.
“Campaña de hostigamiento”
Carrera sostiene que la denuncia que se hizo en el programa periodístico “refiere a hechos puntuales de una gestión de años” en esa cartera, en la que se desempeñó entre 2010 y 2017, y calificó de “curioso” el hecho de que el MI “ya estaba en conocimiento de estos hechos desde el momento mismo en que ocurrieron, porque nunca se ocultó”. “Justo ahora salen con este asunto, y a pesar de ser una situación que ya estaba judicializada en el ámbito de la Justicia Civil y Penal”, afirma, y añade que el “relato falso” del presunto encubrimiento “fue claramente impulsado” por Heber, “quien salió a buscar información” sobre su persona “y, tergiversando los lamentables hechos, comenzó una campaña de hostigamiento”.
Asimismo, el legislador apunta que Heber abusó de sus prerrogativas como ministro al utilizar los servicios de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía para pesquisar, investigarlo y llevar a cabo “una persecución política”. “O sea, utilizó el servicio de un organismo de inteligencia de la Policía cuya finalidad es investigar a policías que cometen irregularidades y no a políticos de la oposición”, acusa.
Por otro lado, Carrera señala que desde que trascendió el hecho “el hostigamiento mediático fue grosero, continuo y sistemático, al punto de que en apenas 20 días desde que comenzó esta campaña de enchastre personal” fue “mencionado por algunos medios de comunicación más de 670 veces”. A los efectos de demostrar la “trascendencia mediática que se le dio al asunto”, el senador adjuntó a la carta, entre otros documentos, “un relevamiento realizado donde consta la fecha y la información sobre la referida nota periodística”.
También hizo referencia a la denuncia penal que se hizo en su contra, y al respecto dijo que las prestaciones que recibió Hernández “fueron definidas por el exministro del Interior Eduardo Bonomi, ya que se entendía que existía responsabilidad del Estado hacia este ciudadano y que había que resarcir la situación”. Carrera sostiene que la decisión de denunciarlo penalmente “recae en la voluntad exclusiva” del titular del Interior, y que eso surge de la denuncia penal que presentó el MI, representado por Sylvia Carbajal, en la que se manifiesta que se procedió “de acuerdo a la orden superior impartida” por Heber.
“Ejecutivo y Legislativo actúan como un solo centro de poder ejercido por la coalición”
A la polémica en el ámbito mediático y judicial se sumó el trámite parlamentario, con la comparecencia de Heber en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores, el 24 de agosto, a la que la bancada frenteamplista no asistió y en la que anunciaron el impulso de acciones contra el patrimonio de Carrera, así como la decisión de la coalición multicolor de impulsar una comisión preinvestigadora.
En la opinión de Carrera, estos mecanismos dejan “en evidencia la intención de realizar una persecución política”, dado que buscan actuar sobre un tema “que ya se encuentra en manos de la Justicia”. Por otra parte, el senador emepepista considera que hay un uso erróneo del instrumento de la comisión investigadora, dado que “en general toda la literatura constitucional” entiende que es una modalidad “de control intraorgánico, entre el Parlamento –Poder Legislativo– y el gobierno –Poder Ejecutivo–”. En el caso que se plantea, a su entender, “lejos de configurarse una acción de control por oposición del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, se produciría una cooperación entre poderes para pesquisar a un legislador que, además, integra un partido político opositor”.
Pero además Carrera entiende las actuaciones del gobierno en el Parlamento como un “evidente menoscabo institucional a la independencia de la Fiscalía General, que se provocaría de disponerse una investigación parlamentaria ex post [después de]”, lo cual “configura un accionar contrario al principio de separación de poderes”. “Indebidamente, Ejecutivo y Legislativo actúan como un solo centro de poder ejercido por la coalición de partidos de gobierno de forma abusiva”, observa Carrera, y, en definitiva, asevera que la coalición “pretende generar un elemento de presión hacia el fiscal Ricardo Lackner, que es quien se encuentra analizando la denuncia”.
El Ejecutivo “ha decidido apostar a la criminalización de los denunciantes”
Por todo lo expuesto, Carrera solicita a la CIDH que “proceda de acuerdo a lo que entienda pertinente” en su caso y tome en consideración “que los deberes de diligencia estudiados a propósito de la obligación de garantizar los derechos a la vida, integridad y libertad también se aplican a otros derechos cuando existan circunstancias que hacen exigible al Estado reforzar las medidas de prevención y protección, sea que la amenaza provenga de agentes estatales o privados”. Sobre esto último, el senador entiende que “puede ser aplicable” a su persona “como denunciante de presuntos hechos de corrupción”.
“Como senador de la República es mi función controlar la gestión que realiza el presidente de la República, sus ministros y el Poder Ejecutivo. Aplicando una burda lógica de defenderse a través de un ataque personal, el Poder Ejecutivo ha decidido apostar a la criminalización de los denunciantes. El amedrentamiento tiene la finalidad de evitar ser controlado y cuando eso sucede, no hay quien pueda ejercer el rol de contralor, por la simple razón de quedar aterrado ante eventuales represalias”, argumenta en la misiva.
En la misma línea, Carrera plantea que “la criminalización de los denunciantes es otra forma de afectación observada” por la CIDH, y que “los denunciantes de corrupción tienen derecho a acceder a un recurso rápido y efectivo para la protección de sus derechos en caso que sean objeto de amenaza o perturbación”.
Como nota de cierre, Carrera llama la atención en cuanto a que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su informe sobre Uruguay del 27 de julio “nota con preocupación la existencia de información sobre un aumento de juicios penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas”, lo cual, en su opinión, “da cuenta de un verdadero deterioro de la calidad democrática de nuestro país”.
Carrera adjuntó a la carta una copia de la denuncia penal que se presentó en su contra; una copia de la denuncia penal que se presentó por el acuerdo con Katoen Natie; el trabajo realizado por la consultora Global News con una planilla de menciones en medios de prensa; un listado de pedidos de informes y otro de los pedidos de acceso a la información pública que ha hecho; el acta parlamentaria de la interpelación a Heber por el acuerdo portuario; las observaciones del Comité de Derechos Humanos sobre el sexto informe periódico del Uruguay; las resoluciones de su designación como director general de Secretaría del MI en 2010 y en 2015, y el informe sobre desempeño parlamentario del Instituto de Ciencias Políticas de la Udelar.