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Política Gobierno nacional
Juan Castillo (archivo, mayo de 2025). · Foto: Ernesto Ryan

Juan Castillo (archivo, mayo de 2025).

Foto: Ernesto Ryan

Castillo se comunicará con el Ejecutivo para “tomar medidas” ante el cobro de timbres en la salud pese al decreto que lo derogó

El ministro de Trabajo dijo que van a evaluar “los mecanismos” para compensar a “los usuarios de la salud que se les ha cobrado” el timbre a partir de la iniciativa de la Caja de Profesionales, ya que es “indebido”

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El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que van a evaluar “los mecanismos” para compensar a los usuarios de la salud a los que se les haya cobrado timbres profesionales en mutualistas a partir de esta semana por resolución del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), pese al decreto del Poder Ejecutivo que lo dejó sin efecto.

El jerarca dijo que le consta que en algunos prestadores de salud “estaban haciendo anuncios o preanuncios” respecto a que la medida se efectivizaría a partir de agosto, aunque el gobierno ya había anunciado que la dejaría sin efecto. Castillo señaló que en la órbita del MTSS circuló un mensaje de una funcionaria que advertía que su mutualista había informado que a partir del 1° de agosto se ejecutaría el cobro del timbre profesional en actuaciones médicas a pesar del decreto que lo anuló, aunque al poco tiempo el prestador de salud rectificó su posición.

Castillo sostuvo que se comunicará “en principio con integrantes del [Poder] Ejecutivo” a los efectos de “tomar las medidas para que, primero, se respete lo que está legislado y lo que está publicado”, pero luego para compensar a “todos los usuarios de la salud a los que se les ha cobrado esto”, ya que es “indebido”.

El ministro subrayó que “con fecha 31 de julio se hizo visible” el decreto, que ya está publicado en el Diario Oficial, desde el 3 de agosto.

Castillo dijo que una vez que se conoció la iniciativa de la CJPPU para cobrar el timbre, la decisión de dar marcha atrás se tomó en función de que “no se ajustaría a la ley” ni a las “intenciones del gobierno” por “recargar más al usuario”.