El viernes se inauguró una nueva edición de la Rural del Prado y, por la tarde, la charla “Competitividad para crecer” que organizó la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) reunió a su presidente, Leonardo Loureiro, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Daniel Olesker, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. También estuvo el presidente Yamandú Orsi, pero no expuso y se retiró sin dar declaraciones.
En función de que el evento contó con representación empresarial, gubernamental y educativa, Loureiro preguntó “quién es el responsable de la competitividad en Uruguay”, pero advirtió que el hecho de que “la responsabilidad sea de todos no puede significar que sea de nadie”. Dijo que a los empresarios corresponde desde invertir hasta capacitar a los trabajadores, pero que una empresa no puede “construir un puerto, construir carreteras, abrir por sí misma nuevos mercados, determinar el costo estructural de la energía y simplificar un trámite público”, acciones para las que requieren del aparato estatal.
En ese marco, Loureiro destacó el proceso de elaboración del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que se debate en la Cámara de Diputados. No obstante, subrayó que únicamente con esa ley “no alcanza” y que “por sí sola no mueve la aguja”, sino que es preciso concertar esfuerzos en dos elementos: “energía y logística, dos temas que el presidente nos aseguró que se estaban comenzando a trabajar”, ya que “la competitividad no cabe dentro de una ley, la competitividad es un sistema”.
Sobre el primer punto, sostuvo que la matriz energética uruguaya es “un activo formidable”, pero llamó a “dar el paso siguiente” y “convertir esa fortaleza energética en una ventaja competitiva”, ya que persisten “diferencias importantes” con las tarifas para consumidores empresariales que ofrece la región. Respecto del segundo, subrayó la importancia de que el sector productivo pueda acceder a infraestructura y dijo que, por el conflicto sindical en el puerto de Montevideo, se pierden “tiempos, negocios, mercados, confiabilidad y finalmente lo termina pagando el país entero”, dado que “para un país pequeño y alejado de los grandes mercados” la logística es “parte sustancial” de la competitividad.
En cuanto a la reducción de la jornada laboral, reivindicación del PIT-CNT, dijo que “debe analizarse” porque el mundo del trabajo cambió, pero reiteró que “no es el momento y no existe una solución única para todos los sectores”, sino que “se debe analizar de forma profesional, revisando lo que se ha hecho en otros países, pero teniendo bien claras y presentes las diferencias estructurales” entre ellos. Finalmente, reconoció la amortiguación en el precio de los combustibles que decidió el Poder Ejecutivo por la guerra en Medio Oriente, pero dijo que otra cosa son los “problemas estructurales” y llamó a “revisar el mecanismo por el cual el gasoil productivo financia el transporte colectivo de pasajeros”.
Además, enmarcado en la participación de la CCE en la construcción de la Estrategia Nacional de Desarrollo que impulsa el Poder Ejecutivo, se centró en los recursos humanos y dijo que “en una economía cada vez más basada en el conocimiento y la tecnología no existe competitividad sin talento”. Aunque celebró los resultados de las pruebas PISA 2025, advirtió que “la realidad cambia” si se compara a Uruguay con otros países al margen de América Latina, y el país se encuentra “muy lejos de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], pero aún más lejos de los países que lideran a nivel global”, cuando “no alcanza con ser de los mejores del barrio”.
Los puntos clave para una mejora en la competitividad
Etcheverry indicó que la inversión en infraestructura es vital para la mejora de la competitividad y listó “aspectos bien importantes para garantizar”: reducir los costos logísticos; la accesibilidad y conectividad –con la premisa de cerrar la malla vial–; generar “confianza en la red” y que se cuide el patrimonio uruguayo; “acompañar el desarrollo productivo” al anticiparse a las zonas en donde se desarrolla y la “multimodalidad”, punto en el que se centró en “tener una conexión del ferrocarril con los puertos y con el transporte carretero”, pero no “en términos de competir” con las carreteras, sino como complemento.
Arim dijo que para construir políticas que mejoren la competitividad hay que identificar las “falencias”. Apuntó que “la inversión sigue siendo un problema y el aumento de la productividad sigue siendo radicalmente lento”, por lo que se deben incentivar políticas que permitan “dar saltos cualitativos”, como el riego. También llamó a “avanzar en mejorar el acceso al financiamiento” –fundamentalmente entre micro, pequeñas y medianas empresas–, “simplificar” y crear “puentes sistemáticos, no espasmódicos, entre la generación de conocimiento y el sector productivo”, además de priorizar logística y energía, puntos “clave” en que “la pregunta no es solo los costos que enfrentan hoy las empresas que están, sino los costos que están dispuestos a enfrentar las empresas que tienen que venir”.
Olesker afirmó que el documento con los lineamientos para la construcción de una Política Industrial hacia 2050 que presentó la titular del MIEM, Fernanda Cardona, es “el primer enfoque integral de una política industrial en Uruguay desde 2014”. Reparó en que Uruguay tiene “una exportación muy concentrada en productos, en mercados y en empresas”, pero la industria “abre ese juego”: según sus cálculos, en marzo el 14% de los productos uruguayos se exportaban a países de América Latina y el Caribe, pero al excluir los menos elaborados y relevar los industrializados la cifra pasa a 34%, por lo que la industrialización puede ayudar a diversificar la matriz productiva y los mercados, consideró.
También dijo que el cambio en la matriz energética propició dos resultados: un “98% de energías renovables” y que en el consumo industrial “hoy la electricidad ya superó la suma de combustibles fósiles”, un cambio “muy significativo”. Con relación a la llamada “segunda transición energética”, dijo que “no nos podemos dormir” porque “la demanda de energía sigue creciendo”.
Entre los esfuerzos que apuntan en esa dirección, listó la reducción de los combustibles fósiles en movilidad eléctrica y transporte colectivo; el aumento de la electrificación en los usos finales de la economía, la utilización de la biomasa y el incremento de la demanda de gas natural, con un 15% de aumento en el consumo previsto para 2026. No obstante, en la lista de “peros”, dijo que la descarbonización tiene efectos fiscales debido al impuesto específico interno y “el otro pero son los subsidios”, porque “la empresa pública hoy gasta cerca de 100 millones de dólares en el bono social”, y eso “está bien que esté en el costo”.