El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció este jueves en X que, “ante la situación actual”, el próximo martes sesionará la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organismo dependiente de la Presidencia de la República. Días después de la condena por lavado de activos y tráfico interno de municiones de Pablo Leiva, quien figuraba como asesor del edil nacionalista por Montevideo Gonzalo Gómez, la comisión analizará “los riesgos asociados a operaciones de lavado de activos vinculadas al narcotráfico y la corrupción pública”.
En el marco de la operación Trazador, la Policía incautó drogas, armas, dinero y vehículos y detuvo a varias personas, entre ellas, Leiva. Según explicó Gómez, Leiva se había incorporado a su equipo de asesores en diciembre del año pasado, a partir de la recomendación de su hijo, Lucio Leiva, quien también fue detenido en el mismo operativo, pero posteriormente fue liberado. En una conferencia de prensa, el edil reconoció que nunca llegó a asignarle tareas a Leiva padre y aseguró que “desconocía totalmente las actividades ilícitas que llevaba adelante”.
En el caso también se vio involucrado el exsenador y actual integrante del directorio de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, líder de Por la Patria, sector al que pertenece Gómez. La semana pasada, Gandini rechazó cualquier actividad ilícita y se puso a disposición de la Fiscalía, luego de que trascendiera que la Policía está investigando el eventual uso de una sucursal de cobranza que está a nombre de su esposa, Laura Scalabrino Muga, en el esquema de lavado de activos.
Gómez, por su parte, solicitó licencia de su cargo en la Junta Departamental de Montevideo, así como también en el directorio del Partido Nacional –que integra en representación de la juventud blanca–, hasta que su caso sea analizado por la Comisión de Ética del partido.
la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está integrada por el prosecretario de Presidencia; la titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft); los subsecretarios de los ministerios del Interior, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Educación y Cultura y Relaciones Exteriores; y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Una fuente de la comisión señaló a la diaria que el ámbito se reúne normalmente con una periodicidad no mayor a tres meses y apuntó que, en este caso, Díaz manifestó su intención de hablar sobre el caso de narcotráfico que involucra a Leiva.
Días atrás, en diálogo con Búsqueda, la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti, señaló que, luego de tomar conocimiento del caso de Leiva por la prensa, el organismo se puso a disposición de la Fiscalía. “Siempre estamos a la orden de los fiscales cuando necesitan investigadores, especialmente contadores o personas con conocimientos técnicos”, afirmó. A su vez, la Senaclaft comenzó a analizar el caso. “Sería una situación complicada para el país que este tema de narcotráfico esté vinculado con la política”, expresó Libonatti.
Desde la oposición, la senadora nacionalista Graciela Bianchi calificó la convocatoria de Díaz como un “claro impulso antidemocrático y de intento de profundizar las mentiras con respecto a la Coalición Republicana”. “Esto recién empieza y este señor tendrá que hacerse cargo más temprano que tarde”, apuntó Bianchi contra el prosecretario en X.