Este jueves, tres días después de la conferencia de prensa del edil nacionalista Gonzalo Gómez, en la que dio explicaciones sobre su exasesor Pablo Leiva, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Montevideo manifestó su “total respaldo” al accionar del gobierno nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y todos los organismos del Estado que se encargan de la investigación, la persecución y el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Leiva fue detenido en el marco de la operación Trazador, en la que se incautaron drogas, armas, dinero y vehículos, y condenado a dos años y seis meses de cárcel por un delito de lavado de activos y un delito de tráfico interno de municiones. En la conferencia de prensa, Gómez reconoció que Leiva, contratado por 52.000 pesos nominales, no tenía tareas asignadas como su asesor en la Junta Departamental.
A través de una declaración, los ediles del FA señalaron que la incautación de más de 260 kilos de pasta base, tres millones de pesos, 42.564 dólares en efectivo, armas de fuego, municiones y una máquina para contar billetes “constituye un paso relevante en una lucha que debe sostenerse con firmeza y sin concesiones”.
Expresaron su “profunda preocupación y alarma” ante el hecho de que “el narcotráfico y el lavado de activos no solo amenazan la seguridad pública y el bienestar social”, sino que también “ponen en riesgo la calidad democrática y la fortaleza institucional mediante su posible infiltración en las estructuras de la actividad política”.
En ese sentido, la bancada frenteamplista afirmó que “resulta imprescindible” que se investigue el caso de forma exhaustiva y que se desarticule “cualquier mecanismo legal, financiero o logístico que pretenda introducir recursos, intereses o influencias delictivas en los ámbitos institucionales o partidarios, garantizando que los organismos competentes actúen con absoluta independencia y rigurosidad técnica para determinar las responsabilidades penales y políticas correspondientes”.
Los ediles del FA afirmaron que, ante “posibles vínculos” entre personas de la actividad política e integrantes de organizaciones criminales, “corresponde actuar con máxima transparencia, brindar explicaciones claras a la ciudadanía y colaborar plenamente con la Justicia”.
Enfatizaron en la “necesidad imperiosa” de avanzar “en el fortalecimiento de los mecanismos de control y trazabilidad del financiamiento de los partidos”, así como “robustecer la ley de partidos políticos, blindando el entramado económico e institucional para impedir que el dinero del crimen organizado encuentre espacios de impunidad”.
El domingo, luego de reunirse con Gómez, la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional resolvió enviar al edil a la Comisión de Ética. Gómez, integrante del sector Por la Patria, solicitó licencia tanto en el directorio del PN –que integra en representación de la juventud nacionalista– como en la Junta Departamental.