Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A ninguna persona sensata se le ocurre que sea fácil diseñar y llevar adelante una buena reforma del sistema educativo, pero da la impresión de que la actual mayoría de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está demasiado preocupada por convencer a la población de que ya tiene todas las respuestas, y de que la única causa de que no comencemos a ver resultados son los sindicatos y gremios del sector.
Estos objetivos pertenecen al terreno de la publicidad política, y se puede entender que obsesionen a muchos dirigentes del oficialismo y a sus equipos de comunicación, pero quienes integran el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP deberían tener otras prioridades, más centradas (dicho sea sin intención de ofender la inteligencia de los lectores) en la educación que en una campaña electoral permanente.
Si así fuera, probablemente sus principales intereses actuales tendrían que ver con dotar de mayor profundidad y trascendencia a un esbozo de reforma que, por el momento, no es mucho más que una mezcla de generalidades, cuestiones disciplinarias y criterios utilitaristas de corto vuelo.
También da la impresión de que, en el afán por defender las iniciativas de la mayoría del Codicen con criterios partidistas, se le está prestando escasa atención a cuestiones institucionales muy relevantes.
La ANEP es un ente autónomo. Cualquiera tiene derecho a opinar que no debería ser así, pero en ese caso lo que corresponde es impulsar una reforma profunda de las normas vigentes y, mientras no se modifiquen, respetarlas en forma escrupulosa.
Es indiscutible, por ejemplo, el derecho a pensar que el sistema educativo debería ser dirigido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), pero resulta que no es así, y la cuestión no se resuelve con el artificio de que Pablo da Silveira opine continuamente sobre asuntos que realmente no son de su competencia, y participe en reuniones donde no es necesario, y tampoco prudente o razonable, que esté.
Tampoco tiene mucho sentido, en el marco normativo actual, que los integrantes oficialistas del Poder Legislativo se reúnan con autoridades del MEC y de la ANEP para expresarles que apoyan la reforma educativa y enterarse de su contenido, ojalá que en el orden inverso.
De todos modos, el colmo de la desprolijidad no fue, ayer, esa reunión, sino que la Dirección General de Educación Secundaria decidió informar que están prohibidas las ocupaciones de liceos, invocando un “decreto de 2014 de Tabaré Vázquez” que no existe ni podría existir. En primer lugar, el presidente en 2014 era José Mujica; en segundo lugar, este no decretó nada en 2014 sobre las ocupaciones de liceos; en tercer lugar, sí hubo un decreto de Mujica sobre ocupaciones, pero en 2010, acerca de las oficinas públicas, y está derogado desde hace un par de años.
Lo que está vigente es un decreto de Luis Lacalle Pou, que se presentó como reglamentación de lo que dispone la ley de urgente consideración sobre ocupaciones realizadas por sindicatos, pero fue más allá en forma indebida para abarcar las estudiantiles. La intención de responsabilizar por todo al Frente Amplio ha llegado a extremos surrealistas.
Hasta mañana.