Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace muchos años que en Uruguay se habla de “la reforma del Estado”, un concepto muy amplio y vago al que se le atribuyen significados muy diversos.
Para algunos la cuestión central es que la estructura estatal es demasiado costosa y, por lo tanto, requiere una fuerte carga tributaria, de modo que se concibe la reforma como una reducción para aliviar esa carga. Otros destacan problemas de ineficiencia e irracionalidad, y hay también –sin agotar una larga lista de posiciones– quienes apuntan a lograr un mejor sistema de formación y evaluaciones que desaliente la mediocridad del mínimo esfuerzo y motive a las personas más capaces y dinámicas.
Hay muy distintas expectativas, que incluyen la disminución del número de funcionarios; la apertura a la participación social; el recorte o eliminación de programas e incluso organismos; la planificación estratégica que ponga lo estatal al servicio de proyectos de desarrollo; el aumento de la eficiencia en las tareas o en el gasto; y también el combate a la mítica “inamovilidad” de los empleados públicos, que desde el punto de vista normativo no existe.
Un malentendido frecuente acerca de lo estatal lleva a despotricar contra el exceso de trámites y trabas, en comparación con la presunta “agilidad” del sector privado, sin tener en cuenta que el poder del Estado es mucho y requiere garantías rigurosas para prevenir la injusticia y la corrupción.
Se han ensayado soluciones simplistas para disminuir la cantidad de trabajadores, con resultados muy negativos. Las restricciones al barrer del ingreso han dejado a algunos organismos con equipos escasos y envejecidos. Los programas de retiro incentivado suelen ser especialmente atractivos para quienes están en condiciones de conseguir buenos contratos en el sector privado, pero dejan aferradas a sus puestos a las personas que no podrían trabajar en ninguna otra parte.
El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, ha elegido concentrarse en algunos aspectos de la reforma estatal que apuntan a racionalizar los criterios de remuneración y las carreras administrativas. Sólo esto presenta una maraña de problemas complejos, tanto desde el punto de vista organizativo y conceptual como en la difícil negociación con los sindicatos del sector público, sin olvidar la importancia esencial de cambios culturales profundos en todos los niveles. De todos modos, Ramos no se resigna a ver acercarse el final de este período de gobierno sin haber logrado algunos avances, parciales pero relevantes.
A tal efecto, destaca entre otras cosas la necesidad de lograr acuerdos con la oposición frenteamplista, con el atendible argumento de que, en el mejor de los casos, quedarán pendientes tanto el desarrollo de los cambios que sea posible iniciar como el abordaje de muchas otras áreas clave.
No será sencillo, porque los tiempos políticos se van terminando y también porque los debates no son sólo “técnicos”, ya que a concepciones distintas del Estado y su papel corresponden enfoques diferentes de su reforma. Sin embargo, es un hecho que esta reforma sólo puede ser una política –valga la redundancia– de Estado.
Hasta mañana.