Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El Parlamento sigue discutiendo y recibiendo a delegaciones para tratar el proyecto presentado en mayo por el Poder Ejecutivo, con protagonismo del ministro Javier García, que propone crear un archivo de documentos de la dictadura “relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”, y facilitar el acceso a él. Parece necesario aclarar algunos datos básicos sobre la iniciativa, porque la forma en que se vienen desarrollando el debate legislativo y su difusión pueden generar confusiones.
Para empezar, es un poco engañoso que estemos hablando de “archivos de la dictadura”, porque no se trata de actas del Estado Mayor Conjunto y el Consejo de Estado, ni del registro de debates internos y planes políticos, sino por lo general de informes dirigidos a las autoridades de servicios de inteligencia, que incluyen registros de publicaciones en la prensa, declaraciones de personas detenidas por actividades “sediciosas” o “subversivas”, y reportes de funcionarios que realizaban tareas de seguimiento y otras formas de espionaje.
Por lo tanto, lo que estos materiales permiten saber sobre la dictadura es bastante relativo. Resulta valioso conocer qué buscaba y cómo actuaba en este terreno específico, pero en lo referido al objetivo de que se sepa “toda la verdad”, pregonado por García, los documentos dejan mucho que desear, porque los recortes de prensa son de público conocimiento, las “confesiones” pueden ser ciertas o no y es imposible verificar los informes de espionaje.
La comisión investigadora creada en 2017 por la Cámara de Representantes “sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 hasta la fecha” permitió constatar que esas actividades se realizaron en forma abundante (e impune, porque cuando se remitieron las conclusiones a Fiscalía, los delitos habían prescrito), pero también mostró que la veracidad de los reportes realizados por espías era más que discutible.
A todo lo antedicho hay que agregarle consideraciones éticas de gran importancia. Hasta ahora se ha destacado, con mucha razón, que sería inaceptable poner a disposición del público informes sobre lo que dicen que dijeron personas que habían sido privadas de su libertad, sin las más mínimas garantías, por un régimen que podía impunemente torturarlas, matarlas y hacerlas desaparecer, como lo hizo en muchísimos casos.
Sin embargo, las actas de interrogatorio no son el único tipo de documento cuya difusión viola los derechos humanos. El espionaje no sólo procura descubrir las actividades y planes de presuntos “enemigos”. También busca, ilegalmente, información sobre actividades privadas que pueda usarse para desprestigiar o chantajear.
Los espías y sus jefes no son historiadores. No les interesa averiguar ni registrar que una persona se comporta en forma elogiable, ni que es querida y respetada; sí les interesa, en grado sumo, cualquier dato, indicio, presunción o habladuría con potencial dañino. Esto es parte de “la verdad” inverificable que García quiere poner en circulación.
Hasta mañana.