Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El presidente Luis Lacalle Pou se dispone a anunciar el 2 de marzo, en su mensaje a la Asamblea General, una disminución del impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS) y el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que economistas de distintas tendencias cuestionan.
Las críticas se basan en que estos impuestos sólo son pagados por quienes reciben remuneraciones más altas: desde 39.620 pesos en el caso del IRPF (o sea, lo que percibe mensualmente menos de un tercio de los asalariados y rentistas), y desde 45.280 pesos en el caso del IASS (o sea, las prestaciones recibidas por aproximadamente la cuarta parte de los jubilados y pensionistas).
Por lo tanto, se plantea que el “alivio” a las personas que serán beneficiadas no es de ningún modo la prioridad desde el punto de vista social, pero además se señala que la medida es prematura en la situación fiscal actual, y que aumentará desembolsos estatales cuya contención procura el proyecto de reforma jubilatoria.
Es cierto que la promesa de eliminar gradualmente el IASS fue planteada en la campaña del actual oficialismo para las elecciones de 2019, y figura en el “Compromiso por el país” firmado para fundamentar el apoyo a Lacalle Pou en el balotaje. Pero esto no significa que la medida sea acertada o conveniente para el país, y resulta útil recordar en qué premisas se basó aquella promesa.
El IASS fue diseñado con una intención redistributiva, para que la minoría con las pasividades más altas contribuyera al financiamiento de las más bajas. Como bien explicó hace casi un año Marcos Soto en el suplemento Economía, fue aprobado en 2008, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez; sustituyó al impuesto a las retribuciones personales, que gravaba tanto los salarios como las jubilaciones; y es cuestionado en nombre del derecho de las personas afectadas a disfrutar sin recortes lo que se ganaron.
También hubo recursos de inconstitucionalidad contra el IASS, rechazados por la Suprema Corte de Justicia, pero desde aquel momento quienes hoy gobiernan comenzaron a anunciar su voluntad de eliminarlo.
En lo que tiene que ver con el IRPF, la intención de “alivio” deriva del relato en que el Estado aplica impuestos exorbitantes para cubrir un presupuesto excesivo, y así asfixia a quienes, sin esa carga tributaria, destinarían más dinero a aumentar la producción del país, crear fuentes de trabajo y otros fines beneficiosos para toda la sociedad. Es, por supuesto, la misma narrativa que justifica la voluntad de “sacarles lastre a los malla oro”, con la incumplida promesa de un derrame.
Cabe pensar que la política tributaria toma su inspiración de la parábola en que, según los evangelios atribuidos a Mateo y Lucas, el mensaje de Jesús fue que “a quien tiene se le dará” y “a quien no tiene se le quitará”. Aunque también se puede interpretar que existe, sencillamente, una clara voluntad política de representar y favorecer a los más poderosos.
Hasta mañana.