Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Ayer informamos que el año que viene llegarán a su fin las autorizaciones para utilizar frecuencias radioeléctricas con que operan 200 radios, pero que no se realizará el procedimiento de renovación previsto en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), y que el Poder Ejecutivo se proponía extender las autorizaciones “en forma automática” por cinco años más.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) salió al cruce, señalando que el problema es que no se pueden realizar renovaciones en años electorales, y que se optó por no otorgar prórrogas de cinco años sino de dos. Esto no cambia el fondo del asunto, ni contradice las afirmaciones realizadas ayer en esta columna sobre la actitud del actual gobierno ante los medios audiovisuales privados, pero permite realizar algunos comentarios adicionales.
La ley SCA, aprobada a fines de 2014, estableció en su artículo 125 que las licencias para transmisiones de radio que estuvieran vigentes al momento de su promulgación cesaran y fueran sustituidas por nuevas autorizaciones a los mismos titulares por un período de diez años, que termina como ya se dijo el año que viene. El artículo 126 detalla los procedimientos y requisitos para la renovación por diez años más de las licencias.
El artículo 129 dice que “el Poder Ejecutivo no podrá otorgar nuevas concesiones de uso de frecuencias radioeléctricas a los efectos del servicio de radiodifusión” en los 12 meses anteriores a las elecciones nacionales y los seis meses posteriores a ellas. Desde el MIEM se afirma que esta disposición impide renovar licencias en 2024, aunque es discutible que las renovaciones sean “nuevas concesiones”. Si asumimos que lo son, cabe suponer que nadie se había percatado de esta contradicción cuando la norma fue aprobada ni durante muchos años posteriores.
De hecho, no sólo las licencias para radios están previstas por diez años con renovaciones por otros diez, sino que además las de televisión son por 15 años, también con renovaciones por otros diez, de modo que todos los ceses caen en años electorales.
Si se hubiera señalado el problema durante el debate parlamentario, no habría costado nada introducir una modificación, pero esto no sucedió. Por otra parte, ni la fuerte campaña contra la ley SCA ni los recursos de inconstitucionalidad contra la mayor parte de sus artículos que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia se refirieron a esta cuestión.
El proyecto de ley que presentó en 2020 el Poder Ejecutivo para reemplazar la ley SCA mantiene la “veda para la adjudicación de licencias” durante 18 meses, pero no contiene el menor indicio de que se tuviera presente el problema que ahora invoca el MIEM. Propone que las licencias para las radios y todas las renovaciones sean por períodos de 15 años, y que se otorguen con menos requisitos que los planteados en la ley actual, pero los plazos se contarían a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, y que coincidan o no con años electorales dependería de cuándo fuera promulgada. Todo esto reafirma que la preocupación central es perpetuar con facilidades las concesiones actuales.
Hasta mañana.