Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La Junta de Transparencia y Ética (Jutep) está entrampada desde hace años en un conflicto con el senador nacionalista Juan Sartori acerca de la declaración jurada de bienes e ingresos de su esposa. La ley vigente lo obligaba a presentarla desde el primer año del actual período de gobierno, pero él no lo ha hecho, se niega a hacerlo y presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.
La intención obvia de la disposición que Sartori no ha cumplido es evitar que se disimule un enriquecimiento sospechoso poniendo dinero o bienes a nombre de cónyuges. Lo que el senador alega es que su esposa no quiere presentar la declaración, que él no puede ni debe obligarla y que la ley implica una violación inaceptable de los derechos que ella tiene.
Ante la reiterada negativa de Sartori, la ley vigente prevé que el legislador pueda ser sancionado con la retención de la mitad de su remuneración en el Poder Legislativo, e incluso inhabilitado para volver a ejercer una función pública, pero la mayoría de la Jutep decidió no avanzar por este camino tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Alega que, si se aplicaran sanciones contra Sartori y la SCJ terminara dándole la razón, luego el senador podría presentar una demanda contra el Estado.
Cabe acotar que este último criterio podría aplicarse, con consecuencias alarmantes, a muchas otras situaciones en las que hay personas en condiciones de contratar a los mejores abogados para apelar a la SCJ.
El contexto de este conflicto es relevante: la esposa de Sartori, Ekaterina Rybolovleva, es hija de un gran magnate ruso, y es probable que sus bienes e ingresos no sólo superen mucho en magnitud los criterios locales de riqueza, sino que además incluyan información que su padre y ella tengan buenas razones para no divulgar.
Se podría alegar que Sartori debió prever esta situación y discutirla con su esposa antes de decidir si se volcaba a la actividad política en nuestro país, pero de todos modos parece claro que el texto de la ley presenta un problema a resolver. Lo realmente grave es la forma en que se ha manejado este problema.
La cuestión central ni siquiera es que la Jutep acceda a una declaración de Rybolovleva, cuya veracidad de todos modos no podría verificar. Este servicio descentralizado reclama desde su creación una dotación de recursos adecuada al cumplimiento de los muchos cometidos que la ley le asigna en escala local, y una investigación internacional está muy lejos de su alcance.
El asunto es que, en vez de encarar, con una discusión política seria, si corresponde revisar la ley o dejarla como está, tanto la Jutep como el Poder Legislativo han aceptado por tiempo indefinido el incumplimiento de la norma. Esto es malo en relación con cualquier ley, y terrible cuando se trata de la única que intenta establecer algunas garantías contra el enriquecimiento ilícito de quienes integran el Parlamento y muchos otros organismos del Estado.
Hay algo peor que no tener un organismo como la Jutep: que exista, pero su irrelevancia sea evidente, tanto para las personas a las que debe controlar como para el resto de la ciudadanía.
Hasta el lunes.